El informe PISA, recién conocido, nos informa de que el sistema educativo español seguía en 2012 estancado en matemáticas y mejoraba levemente en lectura y ciencias con respecto a 2009. En definitiva, los conocimientos de nuestros jóvenes de quince años nos mantienen algo por debajo de la media de los países desarrollados, aunque con discretísimos signos de mejora. En cualquier caso, y con los matices que se quiera destacar, el informe nos da noticia de que hemos perdido una década en el empeño de mejorar la educación, en la que nos encontramos en una posición mediocre. Esta visión ha de enmarcarse, además, en el marco de una decadencia generalizada de Europa, que pierde sus referentes clásicos -Finlandia ya no es el modelo- ante la pujanza de las nuevas potencias asiáticas que copan los primeros puestos: Shanghái destaca sobre el resto, y a continuación se ubican Singaopre, Hong Kong, Taipéi, Japón y Corea del Sur.
Un dato muy negativo es, en todo caso, el descenso de la equidad socioeconómica, de forma que a menor nivel de rentas, peores resultados educativos. Una relación perversa que se hace bien patente en Andalucía, Murcia y Extremadura, regiones que empeoran no a causa de sus políticas educativas sino de la caída de su estatus. La horquilla del PIB per capita varía en España desde los 30.800 € del País Vasco y los 15.300 € de un extremeño, y las seis primeras comunidades en renta están en educación por encima de la media de la OCDE, en tanto las más pobres se hallan a la cola. Y dicho fenómeno se ha acentuado en el último sondeo.
Como en anteriores ocasiones, los autores del informe hacen hincapié en que en el caso español no hay una relación directa entre la inversión en educación y los resultados educativos. De hecho, como ha destacado la secretaria de Estado de Universidades, Montserrat Gomendio, "desde 2003, el presupuesto en educación ha crecido un 35% y el rendimiento se mantiene estable, de modo que lo que hay que cambiar es el sistema, las reglas de juego".
Tiene razón Gomendio en lo tocante a la necesidad de una mejora del sistema, que mantiene desde hace años unos niveles inaceptables de abandono y fracaso escolar, pero es muy dudoso que este objetivo se logre sin realizar una gran convocatoria a todos los actores políticos y profesionales implicados que permita obtener un gran consenso que se plasme en unos criterios normativos capaces de durar al menos un par de generaciones, como hacen nuestros vecinos europeos. Aquí, en cambio, vamos por la séptima ley educativa de la democracia, y la LOMCE ha sido recibida con la enemiga de toda la oposición, que ya se ha juramentado para derogarla en cuanto el PP pierda la mayoría absoluta.
Y al mismo tiempo, hay que reconocer que, si bien el problema de fondo de nuestra mediocre educación no es económico, algo habrán tenido que ver los recortes de 10.000 millones de euros que se han practicado en la caída de la equidad, cuya recuperación requiere como mínimo regresar cuanto antes a los niveles de gasto de antaño para que nuestro modelo salga del pozo actual. La solidaridad interterritorial no es casi nada sin un fundamento económico.
