El 36 aniversario de la Constitución que se conmemora el próximo viernes coincide con lo más fragoroso del debate sobre su vigencia. A todas luces, la Carta Magna ha perdido adhesiones y predicamento, en parte por el envejecimiento natural de una norma que no ha sido en absoluto actualizada „las dos pequeñas reformas que ha experimentado son irrelevantes a estos efectos„, en parte también por el surgimiento del conflicto catalán, que aunque complejo e impulsado por una multitud de causas, también arranca en cierto modo de la no actualización de la ley fundamental. En definitiva, la conmemoración tendrá este año un regusto agrio, ya que estamos comprobando cómo se tambalean algunos pilares que sostienen las vigas maestras de nuestra convivencia.
En medio de esta coyuntura delicada, Miquel Roca, uno de los siete padres de la Constitución y el que constituyó el engrudo esencial que vinculó a los nacionalistas con la nueva ley fundamental, ha efectuado unas declaraciones que podrían parecer desconcertantes pero que ubican el problema en su significación adecuada. En efecto, tras dar por roto el ´espíritu constitucional´ y agotado el modelo territorial, y luego de reconocer la gran dificultad de reconstituir ahora un consenso semejante al que presidió el alumbramiento de la Constitución, Roca ha pedido más política para adaptar las reglas a la evolución intelectual y social de este país, lo que evitaría fiarlo todo a reformas de la legalidad probablemente imposibles en estos momentos.
En la entrevista que concedió el pasado lunes a un rotativo madrileño, Roca recordó que la Carta Magna fue redactada con una ambigüedad calculada que definió "una Constitución flexible, capaz de adaptarse a mayorías ideológicas distintas. Una Constitución capaz de interpretar el momento, de ser leída de forma distinta en función de los cambios de la sociedad". Y en cambio, el Tribunal Constitucional, "en su cerrazón", optó por mantener visiones acartonadas de la realidad, sobre todo en la sentencia de 2010 sobre el Estatuto de Cataluña, que ha sido el detonante de la gran desafección y del giro soberanista de la sociedad catalana, que ha pasado a prestar audiencia a las tesis radicales de Esquerra Republicana.
El pensamiento de Roca podría resumirse en este aserto, contenido en la entrevista: "Las normas, o evolucionan cambiándolas o evolucionan interpretándolas; lo que no puede ser es que pretendamos petrificarlas". Sin duda, tiene la razón, y hoy el problema catalán no encontrará solución si no se contempla con una gran amplitud de miras que permita construir nuevos escenarios. Pero de la misma manera que Miquel Roca reclama ahora más política, quizá también hubiera debido recurrirse a esta estrategia intelectual a la hora de hacer evolucionar el Estatuto de Cataluña. En otras palabras, se podrá estar de acuerdo en la falta de magnanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional que podaron de forma inmisericorde un Estatut que pretendía colar de rondón una reforma constitucional encubierta, pero habrá que convenir asimismo en la falta de iniciativa de una clase política que no fue capaz de pactar los cambios jurídicos pertinentes, incluso en la Constitución, para que la legalidad no chirriase de forma tan estrepitosa.
En definitiva, sí a la política, sí a la capacidad de pactar y, por lo tanto, de renunciar generosamente a parte de las tesis de partida propias, pero páctese la reforma íntegra y no se traspase a los intérpretes jurídicos la patata caliente de hacer la vista gorda con el principio de legalidad.
