De las distintas razones que justificaron la Ley de Memoria Histórica una de ellas parecía gozar de la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Me refiero a la de dar un entierro digno a los restos de las víctimas que todavía yacen en el anonimato sin que ni tan siquiera sus familiares tengan un lugar definido para poder llorarlos. La realidad es que el Grupo Popular, mayoritario en el Senado, apoyó en 2012 el recorte de la partida destinada a la aplicación de la ley, que pasó de 6,25 millones de euros a 2,5 millones de euros. Argumentaron que se destinaría mayor cantidad de dinero a las localizaciones y exhumaciones que en la anterior legislatura. Argumento que duró poco, puesto que un acuerdo de no disponibilidad dejó congelada la partida. La nula voluntad de aplicar la ley se vio confirmada en los presupuestos del 2013, en los que, sin más, desapareció la partida. Dejaron la ley en vía muerta. Eso sí, con el argumento de que la partida permanecería viva para un futuro.

Más de setenta años después, el Gobierno posterga el entierro digno a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura a un futuro incierto. No es precisamente un mensaje de reconciliación; en realidad es fácil interpretarlo como un agravio más de la dialéctica vencedores/vencidos de la guerra. Además, la ruptura de la dinámica alcanzada en la anterior legislatura puede devenir en iniciativas fuera de procedimiento y, sobretodo, romper la senda de reconciliación de los españoles.

La eliminación de las ayudas contrasta con el esfuerzo de muchas asociaciones y particulares a quienes se traslada toda la carga de las localizaciones y exhumaciones mientras que el Gobierno elude los deberes que le prescribe la legislación vigente. De hecho el Tribunal Supremo en sentencia de 28 de marzo de 2012, estableció que es "inobjetable desde cualquier punto de vista „por imperativo del respeto debido a la dignidad de todas las personas (artículo 10,1 de la Constitución española) y, hasta por razones de política sanitaria mortuoria (decreto 2263/1974, de 20 de julio) que los restos de quienes hubieran sufrido muertes violentas no pueden permanecer en el anonimato ni fuera de los lugares propios de enterramiento". Asimismo concluyó que "tampoco cabe imponer a sus familiares el gravamen representado por tal clase de situaciones, moral y jurídicamente insostenibles" por lo que citando la Ley 52/2007 de Memoria Histórica, manifestó que "establece deberes para las Administraciones".

Con absoluta voluntad de acuerdo, el Grupo Socialista presentó en el Senado una moción para que el Gobierno dotase una partida suficiente para la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, concretamente: tres millones de euros, menos de la mitad de lo que el Gobierno de Zapatero dedicó dos años antes, en el último ejercicio de su mandato. Se presentó con la total predisposición a que se dedicasen a materias a las que el PP había prestado mayor consenso: localización de fosas y entierro digno a las víctimas.

A pesar de que el Grupo Socialista, en aras al consenso y a la no paralización de la ley, hace propuestas por debajo de sus expectativas en cuanto al montante de dinero y en relación a las materias derivadas de la ley, el PP sigue instalado en el no. Un no que deja patente que no es la crisis la causa de la paralización de la ley sino el empecinamiento de un grupo político muy confortablemente instalado en que se siga significando a los vencedores (Valle de los Caídos) y en que permanezca la invisibilidad de los vencidos, sobre todo después de escuchar los despectivos argumentos de rechazo, que por respeto a las víctimas y a la reconciliación, prefiero no citar.