La adquisición del viejo hostal Rocamar, en Sóller, por parte de la conselleria de Turismo, se está convirtiendo en un verdadero escándalo que los gestores de la tortuosa operación, y en especial el conseller Delgado, están intentando distraer hacia el apartado de la confusión y las evasivas. Hasta con engaños. Cada día emiten una opinión diferente que, a fin de cuentas, acaba desvelando que las cosas, otra vez, se han hecho mal, alterando los principios de igualdad y de oportunidad con claros indicios de presunta malversación de fondos públicos y lucro personal de parte afectada.

Turismo ha acabado pagando un sobrecoste de 600.000 euros por el ruinoso Rocamar. Desembolsó 971.000 euros cuando informes y peritajes contundentes dejaban claro que, a lo sumo, se podían pagar 298.000. El beneficiario de tan generosa operación es Josep Ensenyat Alcover, el jefe del servicio de inspección de la conselleria de Turismo y el gran perjudicado el ciudadano de las islas que de nuevo ve cómo, mientras se le escamotean servicios y prestaciones públicas a él, las autoridades no tienen reparo alguno en malversar los fondos generados desde sus impuestos.

Los hechos que han rodeado la transferencia de la propiedad del Rocamar son, sin duda alguna, graves y necesitan de una mayor clarificación hasta el extremo de las responsabilidades personales directas, pero también resulta inquietante la pésima gestión del enredo, con menosprecio hacia la opinión pública, que han hecho los autores de la operación. Han jugado al escondite protegiéndose con grandilocuencias verbales erráticas. El conseller Carlos Delgado sigue un único patrón de comportamiento ante los escándalos. Con el Rocamar ha repetido idéntica pauta que en el caso de los contratos de Ràdio Calvià que ya está en proceso de instrucción judicial: primero no es cierto, después la responsabilidad es de los técnicos y en último extremo su presidencia ejecutiva se queda en presencia testimonial. Esta misma semana hemos visto en fases sucesivas cómo el conseller de Turismo negaba las condiciones de venta del Rocamar, adquiría la posición de víctima cargando las tintas sobre los técnicos y menospreciaba la tasación que ahorraba casi 700.000 euros al Govern o intentaba pasar como mero convidado al presidir la junta rectora del Consorcio de la Bolsa de Alojamientos. Por último, los técnicos de la conselleria recomponen un peritaje de urgencia el jueves por la noche para hacer ver, con borrones, que el Rocamar no presenta peligro.

Nada ha servido para retroceder la tasación pericial del arquitecto Pere González Nebreda y acabar pagando el considerable exceso al jefe de inspección de la Conselleria. Se han burlado las nuevas normativas que obligan a tener en cuenta el estado, en este caso pura ruina, de lo que hay sobre el suelo en el momento en que se realiza el peritaje.

Carlos Delgado debe asumir sus responsabilidades personales y públicas. Quien estuvo abonado a la querella, nunca resuelta a su favor, en sus tiempos de alcalde de Calvià, lleva ya demasiados escándalos acumulados desde que está en la conselleria de Turismo -la contratación retrocedida de su hoy esposa, los contratos de la radio y ahora el Rocamar- que le perjudican a él, a su partido y a la sensible imagen del turismo balear. Delgado necesita perder "los complejos" para asumir sus responsabilidades. El PSOE ha anunciado que pondrá los hechos del Rocamar en conocimiento de la fiscalía. Sería aconsejable que las cosas pudieran solventarse antes de alcanzar este punto pero, vistos los antecedentes y los comportamientos, no cabe el optimismo sobre el particular. Otra vez los tribunales interviniendo en los desmanes públicos. No han cambiado tantas cosas como se asegura en la política balear.