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Pagar por otros

08.03.2013 | 06:30
Pagar por otros
Pagar por otros

Si hay una situación que provoca por antonomasia desmoralización al mismo tiempo que indignación, ésta es la de tener que pagar, en dinero o en otros precios materiales o sentimentales, las consecuencias de las actuaciones de los otros. Es el sentimiento de injusticia, el de que pagan inocentes por culpables. Es tan natural que hasta algunos animales demuestran poseerlo. Y es un sentimiento que, al interiorizarse, al revivirse, puede convertirse en resentimiento. El resentimiento tiene una fuerza tal que puede envenenar, si la injusticia está generalizada, a toda la sociedad.

Ejemplos de injusticia que hemos venido acumulando en nuestro ser colectivo hay muchos, unos más difusos y generalizados como la corrupción, otros más localizados. Siendo la corrupción inherente a la condición humana, la generalización de la misma cabe atribuirla a un sistema político, la partitocracia, donde proliferan teóricos y costosos sistemas de vigilancia que para nada sirven, porque es la zorra quien vigila el gallinero, pero donde los ciudadanos no tienen poder para situar en los puestos de responsabilidad a los mejores. Donde en función de las espurias maniobras del poder se indultan a los reos del delito, como se ha visto con los condenados de UDC por el caso Pallerols, los policías condenados por torturas o el condenado banquero Sáenz. Donde la lentitud de la justicia provoca que lo que se imparte sea la injusticia. Y que cuando al fin llega el veredicto, catorce años en el caso Pallerols, llegan los indultos del gobierno, sea del PSOE, sea del PP, merced a una ley de indulto del siglo XIX, intocada, como todo lo que sacraliza injustamente al poder y arruina la división de poderes del Estado.

Pero hay otros ejemplos más localizados, como los miles de millones de euros que se han destinado a salvar el sistema financiero. Pagamos de nuestro bolsillo, no solamente las consecuencias de una gestión incompetente de unas cajas de ahorro politizadas, sino que, para más escarnio, unas indemnizaciones multimillonarias a sus esquilmadores. Pagamos no solamente con nuestro dinero, también con nuestra ruina personal las consecuencias del mal gobierno al quedar en muchos casos sin trabajo, sin casa y desarraigados de nuestro entorno familiar, con los jóvenes buscando de forma desesperada, en países de los que en muchos casos no conocen ni el idioma, la supervivencia que el suyo no les ofrece. Y tenemos que contemplar con rabia que los responsables han asegurado su futuro blindándose en instituciones del Estado que los que aún estamos ocupados financiamos con nuestros impuestos.

Aquí y ahora, el gobierno del PP de José Ramón Bauzá, habiendo trascendido las multas de 500, 1.000 y 1.500 euros que el TSJIB ha impuesto a Sagreras, el alcalde de Campos „del PP, hijo del urbanizador de Ses Covetes„, por no proceder en los plazos prefijados, a la demolición de la urbanización ilegal, por boca del conseller Gabriel Company, ha acordado el abono, de nuestros impuestos, de 335.000 euros para sufragar la mayor parte, el 75% del presupuesto de la obra. Ahora, más de veinte años después de que el Ayuntamiento de Campos aprobara una licencia de obras ilegal por contravenir la ley de costas en vigor. Esta es, entre otras, una de las consecuencias de dinamitar uno de los mecanismos de control como era el del cuerpo nacional de secretarios e interventores de las corporaciones locales, dejando a cada Ayuntamiento la competencia final de su designación.

En Campos, algunos, han reivindicado, desde siempre, la capacidad de autodestrucción de la que han gozado otros municipios „muchos, por desgracia„. Permitan que, desde la simple ciudadanía, reivindiquemos la civilización frente a la barbarie. Ni la costa es de Campos, ni la planificación de su suelo es de su competencia exclusiva. La ordenación del suelo insular afecta a todos los mallorquines. Ni el robo legitima al robo ni el crimen al crimen. No porque exista Magalluf vamos a urbanizar Cala Tuent o Formentor. En Mallorca hay municipios que tienen más ingresos que otros debido a un distinto desarrollo turístico. Arbítrense mecanismos de compensación razonables, pero sin desconocer que la isla es una única realidad urbana. Pero lo que no puede ser es que desde el gobierno de todos se fomente la irresponsabilidad de los que mandan. Si los actos de gobierno no conllevan responsabilidad, los ciudadanos nunca llegaremos a la conclusión de que por encima de prejuicios políticos „dejen que por un momento me circunscriba al área de los municipios„, hay que votar para estar al frente de las instituciones a personas responsables. Porque si no lo hacemos, las consecuencias no las van a pagar otros, sino nosotros, de nuestros bolsillos. Es un aprendizaje rápido. El dinero público, no es verdad que no sea de nadie, como decía aquella alocada ministra de ZP, es de todos y cada uno de nosotros. Tener solidaridad con los ciudadanos de un municipio por desastres naturales o por avatares de la situación económica, es un sentimiento por el que muchísimos estamos dispuestos a contribuir sin la más mínima reserva; pagar por los desafueros cometidos por los impresentables que ellos han elegido, todas las reservas del mundo. El poder difunde sus eslóganes: "Quien contamina, paga", "Quien la hace la paga". Cuentos chinos.

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