No es difícil de entender que la laminación de la mayor parte del tejido político municipal y el traspaso de las competencias y funciones de los pequeños ayuntamientos al nivel provincial, todo ello previsto en la reforma del régimen local impulsada por el gobierno, tendrá dos efectos claros: de un lado, los tres niveles administrativos propios de los Estados modernos, y que nuestra Constitución reconoce, se convertirán en cuatro; y, de otro lado, se alejará la toma de decisiones de ámbito local de los ciudadanos.
La potenciación de una cuarta administración provincial, mal controlada por la sociedad, generará mayor complejidad administrativa y, consiguientemente, despilfarro. Y el alejamiento de los centros de decisión de sus destinatarios facilitará la corrupción.
En otras palabras, en lugar de simplificar el conjunto, agrupando y mancomunando corporaciones locales para gestionar las competencias propias, se complica el modelo y se crea confusión. Todo un alarde de eficacia contra la transparencia.
