Un renombrado empresario esperaba obtener este año setenta millones de euros de beneficios. Para lograrlo, encabezó una agresiva campaña promocional. A la hora del balance de resultados, con unas cuentas estricta y públicamente auditadas, las ganancias fueron de cincuenta millones, una cifra notable pero por debajo de las aspiraciones, lo cual obligaba a replantearse el esfuerzo realizado. Los mediocres enemigos del hombre de negocios, que habían ganado en torno a veinte millones, no sólo denigraban a un rival que prácticamente les triplicaba en resultados, sino que le exigían que devolviera el dinero recogido y que se jubilara de la actividad mercantil.

A estas alturas queda claro que el empresario de marras es Artur Mas. Escarmentado por los resultados, quiere invertir cuidadosamente sus ganancias para dispararlas, a riesgo de perderlas como sucede en cualquier inversión. Si el líder de CiU tiene que dimitir con 50 diputados, ¿qué condena merecen Pere Navarro -perdón por mencionar a personajes desconocidos- o Alicia Sánchez-Camacho, ambos en torno a veinte escaños? Pues bien, los presuntuosos partidos que han obtenido un resultado ridículo en las catalanas le enseñan a Mas cómo debe gobernar la Generalitat, tras ensayar la acrobacia de un doble pacto con Esquerra Republicana y con la conservadora Unió.

La reprobación de PP y PSOE debería servir de aval a Artur Mas, dada su inoperancia -congénita en el caso de los populares, sobrevenida para los socialistas- a la hora de interpretar la voluntad de los ciudadanos de Cataluña. Han otorgado menos confianza de la esperada a Convergència, ni siquiera se plantean la hipótesis de que su comunidad sea gobernada por populares o socialistas. Prescindiendo de los engorrosos perdedores, la noticia estaría en la renovación de un tripartito en la Generalitat, porque el pacto con la ubicua ERC escinde sin posibilidad de sutura a convergentes y partidarios de Duran Lleida.

En la jornada electoral, Artur Mas descubrió que la pérdida de una paga extraordinaria aventaja en importancia a la mismísima independencia. Ahora deberá aprender a gobernar en minoría, con dos socios que no ahorrarán recursos a la estridencia. Por no hablar del acoso de PP y PSOE, convertidos en partidos antisistema, puesto que reniegan de un veredicto explícito de los ciudadanos. Curiosamente, el grado de la veteranía corresponde a Esquerra Republicana, que ya ha sustentado gobiernos así en Madrid como en Barcelona. A propósito, los independentistas catalanes sostuvieron a Zapatero durante los años del boom inmobiliario, sin interrumpir la locura de las instituciones financieras que hoy consideran tan inapropiada a ERC.

Las elecciones catalanas, que no la fórmula de constitución del Govern, han recrudecido El laberinto español, por recurrir a un título escogido por Gerald Brenan a mediados de los cuarenta y que resulta idóneo en 2012. El hispanista apunta en el prólogo que "en sus mejores épocas, España es un país difícil de gobernar". En este veredicto le acompañaría incluso Rajoy, si el fútbol le dejara un resquicio para la meditación. El historiador británico agitaba la controversia, al añadir que "aunque sólo Castilla puede mantener unida a España, los castellanos carecen de dinamismo intelectual y comercial para dar al país una eficaz organización autonómica. Su actitud es militar y autoritaria". La "actitud" no ha variado un ápice, aunque está enarbolada ahora mismo por los medios de comunicación de la capital castellana.

Con la lucidez que confiere la distancia intelectual, Brenan concluía que "las provincias más ricas han comprendido que, mientras estén gobernadas por Castilla, no sólo se sacrificarán sus libertades locales sino también sus intereses económicos". No se trata de decidir si los argumentos del ensayista andaban errados setenta años atrás, sino de comprobar que se siguen utilizando un siglo más tarde.

Orio Junqueras, cuya formación arrastraba 200 mil votos escasos desde 2010, encabezó astutamente la marea humana del 11-S, muy superior en número a los sufragios de ERC. Tras las elecciones que prácticamente impuso, el partido independentista necesitaba una fecha para la consulta, preferentemente en el 2014 que marca el tercer centenario de la caída de Barcelona a manos de las tropas de Felipe V. La táctica de Junqueras es "un paso al frente y ya se verá", en las antípodas del Rajoy de "un paso atrás y ya se verá". El resto ya fue explicado por Gerald Brenan.