Ayer entró en vigor la disposición gubernamental que obliga a todos los pasajeros residentes en estas islas con salida o destino a Balears a acudir a los mostradores de facturación de puertos y aeropuertos con un certificado municipal en la mano. Es la única forma de poder seguir teniendo derecho a la bonificación de la mitad del pasaje por habitar en territorio insular. Hasta ahora esta circunstancia se acreditaba con la exhibición del DNI.

Con el cambio establecido, el Gobierno pretende evitar el supuesto fraude en la obtención de los descuentos de viaje. Se trata, en el mejor de los supuestos, de una medida precipitada, adoptada sin calibrar de forma suficiente las consecuencias ni su efectividad porque, como no le ha quedado más remedio que reconocer al Ejecutivo Rajoy, ni el efecto del pretendido pillaje está cuantificado ni está demostrado que un documento de empadronamiento municipal sea la certificación efectiva de la residencia real. El fraude de peso, de producirse, llega desde las compañías que regalan pasajes caros para después cobrar el descuento de un billete que en realidad no han vendido. Esta por lo menos es la línea de investigación que sigue la Fiscalía.

La medida adoptada por el Gobierno Rajoy, con el silencio cómplice del Ejecutivo Bauzá, significa, se reconozca o no, poner bajo sospecha a todo pasajero. Y aquí hay que recordar, una vez más que para un residente en Balears subirse a un avión no es capricho o comodidad. Es un derecho, una necesidad y una imposición geográfica que el Gobierno debería aliviar con facilidades en vez de trabas, del mismo modo que procura buenas carreteras y rutas ferroviarias de alta velocidad en territorio peninsular.

Se ha vuelto al pasado y se ha hecho creando problemas para todos. Se han impuesto mayores dificultades para el pasajero sometiéndolo a investigación y duda o a incomodidades burocráticas que no se sostienen en tiempos de telemática informativa. Pero también se ha puesto en un aprieto a una administración municipal que, salvo contadas excepciones, ha llegado al nuevo sistema sin estar preparada ni disponer de medios para afrontarlo. Se ha visto ya estos últimos días con colas, atascos y bloqueos en las oficinas de los ayuntamientos, provocados por la afluencia de unos ciudadanos interesados en hacer acopio de certificados y a los que se les han dado suficientes motivos para actuar de forma desconfiada.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, aseveró el miércoles en su visita a Palma que "todos somos ciudadanos de primera y la insularidad no debe ser un lastre para ello". Sin embargo, su departamento está actuando en la práctica en sentido contrario. Ahora Fomento vuelve a fiar a medio plazo la incorporación de un sistema informático que evitaría la presentación de los certificados de residencia. Los técnicos aseguran en cambio que todo podría haberse solventado en un mes cuando ya se llevaban varios anunciando el cambio de sistema.

Es como si las cosas se hubieran hecho con mero efecto recaudador sin tener en cuenta ni medir las consecuencias ni la efectividad de la corrección aplicada. La Administración ha visto la oportunidad de cobrar un euro a quienes van y vienen de las islas y, como tiene afán de dinero, no ha querido perder la oportunidad de embolsarlo. Para más inri, lo hace al mismo tiempo que incrementa el IVA a los consumidores, dispara las matrículas universitarias, provoca que el precio de los combustibles alcance cotas históricas o comienza a cobrar medicamentos y servicios sanitarios. Demasiadas cargas cuando el paro alcanza niveles del 25% y las nóminas pierden poder adquisitivo. Se ha errado el camino para controlar las bonificaciones de descuento de residentes bajo el pretexto de fraude no cuantificado. Ni siquiera saben qué persiguen.