La diferencia y el desmarque que quiere acotar José Ramón Bauzá con respeto al Ejecutivo de su predecesor Jaume Matas no es tanto. Las decisiones y los comportamientos van desvelando de forma progresiva que ambos presidentes confluyen en muchas más cosas de las que, sobre todo el actual, quiere aparentar. Y lo hacen en cuestiones esenciales, nada intrascendentes. Campos ha sido municipio pretendido por ambos mandatarios. Matas se encariñó con un campo de polo en él y Bauzá acaricia y tutela un macroproyecto hotelero en Sa Ràpita. Como si Es Trenc estuviera a prueba de todo o se quedara en postal perenne de colorido engañoso de la realidad.

Pero esta canalización de actuaciones urbanísticas en el municipio mallorquín que se autoconsidera víctima del proteccionismo ecologista en Mallorca es sólo el escaparate, la punta del iceberg de causas y ambiciones mayores, porque lo que de verdad encandila al expresdient procesado y al president en activo es la amnistía urbanística. Si el perdón de la ilegalidad fuera virtud, tanto Matas como Bauzá estarían ya, con méritos sobrados, sobre el pedestal de los prohombres de este archipiélago fenicio. Si Matas quiso desclasificar urbanizaciones, liberalizar proyectos turísticos, Bauzá confirma ahora las pocas dudas que quedaban de que está decidido a seguir sus pasos.

Se ha visto en la Ley de Desarrollo Sostenible de cuya constitucionalidad duda hasta el mismo Gobierno Rajoy y se reafirma en la reforma de la Ley del Suelo que se avecina. Sobre todo en una de sus disposiciones adicionales que, en expresión de un técnico municipal, constituirá "un indulto sin precedentes". La afirmación obedece a la previsión de legalizar unas 20.000 construcciones rurales ilegales existentes en Mallorca con el único trámite de acreditar 8 años de antigüedad acompañado de un proyecto de legalización y el abono del permiso municipal de obra. Desde que adquirió las competencias, en la década de los 80, sólo se han regularizado 10.000 edificaciones en suelo rústico. Se calcula que la fora vila mallorquina está salpicada con 40.000 chalés. Si se cumplen las previsiones del Govern Bauzá, o de no mediar nuevos recursos o interpelaciones como la que ha hecho el Gobierno Rajoy con el desarrollo sostenible de Balears sin informe medioambiental, el Consell volverá a perder competencias urbanísticas y los ayuntamientos desesperados podrán hacer caja. Se da por sentado que cada legalización rústica puede reportar unos ingresos de 10.000 euros.

Aplicando comportamientos análogos a los del silencio administrativo positivo, se impone el ideario de que lo hecho, bien hecho está y queda perfectamente homologado con el pago de impuestos y tasas municipales. Sólo se alcanza el límite, prácticamente por efectos de causa mayor, de las construcciones en Anei, por estar sujetas a la norma superior de la Ley de Espacios Naturales. La permisividad queda homologada. Con la nueva normativa se remite a la ciudadanía un mensaje de inseguridad jurídica de alta nocividad en el sentido de que todo acaba legalizando y regularizando un día u otro perjudicando a quien ha sido escrupuloso y respetuoso con la ley en el momento oportuno. Los criterios económicos y de clientelismo se imponen por encima de cualquier otro.