Funcionarios y funcionarios

Sus (nuestros) sueldos se rigen por anticuadas normas estatales, autonómicas y locales y resultan congelados y minorados anualmente por la ley de presupuestos. En algunas ocasiones, ya remotas, han sido incrementados, siempre por debajo del IPC. Constituyen un porcentaje importantísimo del gastos público por cuanto están integrados en administraciones que gestionan políticas públicas orientadas a prestar un servicio público y en términos porcentuales el grueso de las los dos grandes pilares del disminuido Estado del Bienestar: salud y educación, que, a su vez, constituyen el 60% del presupuesto autonómico de nuestras 17 confederaciones cada vez más desiguales.

De entre éstas —son mayoría que éstos— las —y los— profesionales con un mayor nivel de estudios, preparación y experiencia, perciben un sueldo medio inferior al de sus homólogos del sector privado aun ponderada la cuestión de realizar una jornada laboral inferior en 10 horas mensuales al de los anteriores. Por ello, una vez situada la cuestión en su justa medida procederemos a aclarar una serie de cuestiones que una serie de personajes de viñeta de tebeo antiguo están sacando de quicio: resulta muy desagradable escuchar las medias verdades de Esperanza Aguirre (a la que deseamos que se se retire a un convento y tanta paz se llave como descanso deje); al señor Beteta, cuyas salidas de tono resultan tan patéticas como las del ex ministro Morán, a la predicadora de Cospedal que gana tanto dinero público que no debe saber qué hacer con él; y a la otrora colección de antiguos socialistas desaparecidos pero que en su día se apuntaron a la lapidación de nuestro colectivo.

Embisten con la cuestión de los llamados moscosos y no sabemos si por ignorancia, por mala leche o porque han olvidado que un ministro llamado Moscoso decidió compensar la perdida consolidada de poder adquisitivo de este colectivo con seis días de asuntos particulares al año, al margen de los 22 días naturales anuales de vacaciones. Lo que hizo este señor no fue sino aplicar el mismo principio que se viene aplicando en el sector privado desde siempre: compensar unas menores retribuciones, unas horas extras o similares, con días libres adicionales.

Lían al personal con la terminología de funcionario-estatutario y la de empleado público. Y de nuevo olvidan que entre estos últimos coexisten, conviviendo con buenos profesionales, un alto porcentaje de enchufados que entraron a trabajar en las empresas públicas por razón de parentesco, afiliación política o "compromiso" sin haber acreditado ni igualdad, ni mérito ni capacidad: es decir, sin haber opositado.

Por supuesto, cuando estos líderes abandonan el poder, procuran tener salida en un ente financiado con fondos públicos (también se olvidan de hacer la oposición) y mucho mejor si es de ámbito internacional como la ex ministra de Sanidad que a los 18 años era concejal de su pueblo y muchos años después cooperante internacional de lujo. Todo un carrerón.

Otra cuestión con la que enredan es con el llamado "nivel 33" con el que desinforman y cabrean a periodistas y ciudadanos . Éste es un aliciente con el que se enrolan en la gestión pública de nivel político funcionarios independientes, o no, para asumir importantes responsabilidades durante cuatro años. Se trata de una norma estatal que se ideó con esa intención. Con la de echar mano de los mejores profesionales con amplia experiencia y formación en la administración —de entre 45 y 50 años— por tratarse de los más capacitados para dirigirla y administrarla. No importa mirar muy lejos para entenderlo. En Bélgica han estado casi dos años sin gobierno y han sido los altos funcionarios los que han gestionado el país con más eficiencia que cualquiera de los gobiernos anteriores, sin conflictividad y mejorando PIB y déficit.

Este complemento salarial para un funcionario de alto nivel como los comentados con anterioridad no son 16.000 euros anuales como se ha publicado, sino unos doscientos euros al mes hasta la jubilación. Es decir, un total de 25.000 o 30.000 euros entre los 15 o 20 años que le quedan de vida laboral. Por supuesto, lo que no les soplan a los periodistas para que publiquen es que muchos de los que consolidan ese llamado "nivel 33" ahorran a los ciudadanos con su gestión fruto de su experiencia e inflexibilidad ante las habituales chorradas con las que incordian muchos políticos, sólo en un año muchísimo más de lo que les va a suponer al ciudadano ese gasto hasta la jubilación del funcionario.

Por supuesto, dirán muchos de ustedes que forma parte de su sueldo. Y por supuesto que eso lo harán unos mientras otros harán todo lo contrario. Bien, pues como en cualquier otra profesión. Allá cada uno con su conciencia. De lo que se trata es de que por 2.800 euros al mes están asumiendo unas responsabilidades como director general, secretario general o 3.200 un conseller, que se ven incrementadas hasta la jubilación en el caso de ser funcionario con el citado complemento salarial. Planteado así no parece tan descabellado. Resulta infinitamente más caro poner a un indocumentado a realizar ese trabajo y sin ese complemento. Personalmente he visto mecánicos, poceros, artistas y nadadores —de no hacer nada, quiero decir— en los citados menesteres. Pero la norma no se pensó para tales situaciones.

Esta matización no podría ser objeto de publicación en un país como Francia en el que los sueldos de los altos cargos son entre tres y seis veces superiores y el 90% de los cargos de segundo y tercer nivel político —como los comentados antes— son funcionarios, gobierne quien gobierne. Se da por supuesto que para dirigir la cosa pública se requiere de expertos en ella. La picaresca de los partidos políticos en el uso de la norma es otra cuestión. Pero el fondo del asunto, es el mismo.

El tercer mito que quiero comentar es el más ruin y el más injusto. Resulta ofensivo estereotipar o caricaturizar una profesión u oficio. Y eso es lo que están haciendo con nosotros algunos políticos y algunos ciudadanos que olvidan lo que comentaré después. Identificar al funcionario con el espécimen que anda escaso de fibra en su dieta, que se relame enviando al ciudadano de ventanilla en ventanilla y que cuando ha conseguido sacarle de sus casillas porque le falta la fotocopia, la póliza o se ha olvidado el boli, aprovecha para poner el cartelillo de "me voy a beranar" es tan idiota como pensar que todos los dentistas del seguro privado son tan capullos como el que te mira súper mal después de haberte hecho esperar 45 minutos y te riñe por haber estado dos años sin aparecer por su consulta; o tan odiosos como el mecánico que te arregla el manguito pero te rompe una junta de lo cual no te das cuenta hasta que has hecho cinco kilómetros y te quedas tirado en la carretera. Son caricaturas no representativas de la profesión.

De lo que tendrían que acordarse más a menudos quienes claman contra los supuestos privilegios que no consisten en otra cosa más que en abusar de su situación —como en cualquier otro sector de actividad— es de que el funcionario que le va a coser las heridas que se ha hecho yendo trompa a las 23 horas gana 23 euros por hora de guardia; que la enfermera que le cuida y comparte su intimidad gana 1.500 euros o que el profesor que está educando a su hijo en valores universales que le acompañarán durante su vida gana entre 1.500 y 2.000 euros mes; que los jueces y fiscales que nos han librado de los que realmente nos estaban robando ganan 3.500 a lo máximo o de que el piloto que se mató apagando un fuego en la Comunitat Valenciana ganaba bastante menos. Lo que gana un guardia civil no lo sé, pero debe ser muy poco. De los que están en oficinas resolviendo muchas otras cuestiones y haciendo que las cosa funcionen no se acuerdan porque no les conocen. Si no, también se acordarían. Pero para bien.

* Politólogo