Nuevamente la política nos da lecciones de eufemismos. A la desconsideración por el trabajo del conjunto de los empleados públicos, la infravaloración de su función y a la falta de respeto a unos servidores se le llama reforma, esto aderezado con la supresión de la paga extra de Navidad y la burla de proponer su inclusión en 2015 en una retribución diferida en los planes de pensiones, nada más y nada menos. Alguno no llegará ni a cobrarlo.
Quiero explicarles en este artículo una reforma, a la que ni tan siquiera el Gobierno ha hecho mención, sus razones tendrán. Saben ustedes perfectamente lo que es la fe pública, es la labor que realizan unos servidores públicos constatando y dando autenticidad a los actos que se realizan en su presencia. Se les habrá pasado por la cabeza que unos son notarios y registradores y otros los secretarios judiciales que son quienes la ejercitan en juzgados y tribunales.
Pues bien allá en los años ochenta, un ministro de Justicia, definió como anacronismo el que un servidor público que prestaba sus servicios en juzgados y tribunales recibiera sus percepciones mediante arancel, esto es, de acuerdo con el volumen que iban adquiriendo los expedientes y diversas actuaciones que luego se valoraban en la tasación de costas, y de cobrar unas cantidades significativas mensualmente, pasaron a la modernidad cobrando una nómina como todo empleado público, suprimiendo tasas y aranceles de las manos de estos funcionarios, quedando únicamente los gastos provocados en los pleitos por las pruebas practicadas.
Después de esta introducción quiero decirles que en el ministerio de Justicia se halla la dirección general de los Registros y del Notariado, donde se encuadran quienes ejercen la fe pública de actos documentados y registros públicos, funcionarios que siguen en ese anacronismo del que hablaba el ministro, cobran todavía por arancel y tienen sus propios empleados quienes son trabajadores cuya regulación es un convenio colectivo.
Doy un ejemplo del coste que tiene constituir una hipoteca de unos 220.000 euros, ante un notario y luego el registrador, unos gastos de notario de 750 euros por hacer un acta y 650 euros más por registrarla en un pegistro público. ¿Qué les parece? Ese coste grava las compras de vivienda y todos cuantos actos realizamos y queremos elevar a escritura pública; pero luego si tiene que cancelar la misma hipoteca le costará 300 euros en gastos de notario y 350 euros en gastos de registro.
Esa reforma, el constituir oficinas públicas que tengan costes mínimos para los ciudadanos, servidas por notarios y registradores, empleados públicos, que cobren una nómina mensual al nivel de los secretarios judiciales, quienes ejercen la fe pública en los juzgados y tribunales, es lo que hay que emprender con urgencia. Dando empleo público a quienes están en estas oficinas en sus categorías correspondientes, regularizando y modernizando la estructura administrativa a través del ministerio de Justicia.
A esto, lo único que ha dicho nuestro actual ministro de Justicia, es que, notarios y registradores celebren los matrimonios para descargar juzgados y registros civiles, gran razonamiento por su parte, de lo que se ha olvidado es que así lo que hasta ahora no costaba dinero a los ciudadanos pasará a ser de pago por la gracia del Gobierno, debe ser que como se ha hundido el mercado inmobiliario ahora tienen menos ingresos que antes.
Quienes trabajamos durante años en temas de función pública, sabemos, porque hemos negociado convenios, que existen registros en España que debido a su ubicación y extensión llegan a ingresar verdaderas fortunas, que oficiales antiguos de los mismos pueden cobrar 6.000 euros al mes, imagínense lo que ingresa el registrador. Eso sí, se han encargado de hacer grandes campañas publicitarias de lo bien que lo hacen, lo que saben y la modernización de sus oficinas, así cualquiera, pagado por todos los ciudadanos que si quieren realizar cualquier acto, sin elección alguna, tienen que acudir a sus oficinas pagar. A eso le llaman modernidad, así podríamos modernizarlo todo con ingentes cantidades cobradas a los ciudadanos al margen de los impuestos.
Fíjense que en la negociación de los convenios de sus trabajadores, no entraron los sindicatos, hasta que, por supuesto, les obligaron y que como quiera que los gastos de personal aumentaban porque necesitaban más trabajadores, decidieron crear otras categorías que les supusieran menos dispendio de nóminas y así nos encontramos en unos registros trabajadores que cobran muchísimo dinero y otros bastante menos, esta es la modernidad.
Si tantos recortes y reformas hay que hacer, empiecen por ahí, a que los ciudadanos paguen menos en sus operaciones, en que se eliminen ya para siempre los aranceles y quienes los perciben y pasen a cobrar nóminas como el resto de funcionarios y sean estas oficinas públicas con empleados públicos regularizados como el resto de los del Estado. Oficinas sobrias, modernas, funcionales y no galerías de arte como algunas notarías y registros que hemos visitado, pagadas por nosotros claro.
Fíjese señor Rajoy la gran labor que podría hacer usted con un sector que conoce perfectamente, dinamizando el mercado inmobiliario y bajando costes a los ciudadanos en sus operaciones, que falta les hace. Usted sabe perfectamente de que le hablo, no en vano conoce al registrador de Santa Pola, una zona que vivió su esplendor inmobiliario.
Porque la repercusión del gasto del sector público no solo nos llega vía impuestos como quiere hacernos usted creer, también llega cuando acudimos a estas oficinas a realizar cualquier acto y nos pasa la factura el notario o el registrador, del que no podemos huir.
Siguen ustedes engañando a los ciudadanos con actuaciones de relumbrón en prensa y las verdaderas reformas, profundas, de calado, estas no les interesan. Hágalas, aunque afecten a amigos, correligionarios y gremios muy próximos, a estas alturas cuando deje usted la presidencia del Gobierno ya no tendrá que volver a su registro.
