Una de las condiciones que el FROB debería imponer a los bancos necesitados del rescate del Eurogrupo es que resuelvan las reclamaciones de clientes relacionadas con las famosas "preferentes" y toda clase de swaps vendidos sin información asequible y completa. Ya existe un fallo judicial contra el banco Novagalicia, que anula un contrato de esa naturaleza. No será recurrido y la entidad se aviene a devolver la inversión, con lo que quedan sentados dos precedentes: la sentencia firme y el importe devuelto. La buena práctica sería universalizar la misma solución en cualesquiera otras reclamaciones. Habrá clientes que, por haber comprendido el contrato y estimarlo conforme a su voluntad, prefieran conservarlo. Pero aquellos que se sientan víctimas de un abuso por malentender ambiguas facilidades de libre disposición, tienen derecho a retractarse sin pasar por los tribunales.

Esto es, al menos, lo que cabe esperar de la intervención pública destinada a salvar bancos que se asoman a la quiebra por malas prácticas u operaciones ambiguas de captación de recursos como las de estos "productos-inversión" vendidos a clientes de buena fe, que, por desinformación, confiaron en algo que no estaba en la oferta. Si toda la clientela bancaria gozase de cultura financiera, el negocio de los bancos sería distinto del que es. El rigor parece tan necesario para castigar la confusión deliberada como para privilegiar a los que la excluyen de su norma.

Generalizar esta actitud en las entidades que apelan a la ayuda pública sería hacerla inevitable en aquellas otras que no la necesitan: un paso muy importante para depurar la fiabilidad de las técnicas de capitalización de un sector imprescindible para el sistema. No sobra que pidan perdón los culpables, cuando lo son en las finanzas o la política. Pero si todo se limita a esto, la corrección de la mala práctica sería retórica y muy barata. Lejos de comparar unas cosas y otras, la remisión tan solo penitenciaria de las sanciones por timos, estafas, extralimitaciones o robos de todo pelaje, sin devolución estricta de los bienes sustraídos, fomenta la sensación de que es muy fácil enriquecerse con breves condenas que no impiden a medio y largo plazo el disfrute de lo robado. Y eso cuando recae condena de inevitable cumplimiento, que no siempre ocurre.

La confianza en los principios convivenciales de una sociedad moderna y libre exige la devolución plena de los bienes afanados, premisa que no tiene la visibilidad imprescindible. Es triste y desalentadora la sospecha de que las innumerables corruptelas de nuestra democracia traen causa de un facilismo no propiciado por las leyes pero deducible de los hechos. Y en aras de la transparencia, es igualmente deseable sanear las operaciones que, sin ser ilegales, se delatan injustas.