Actualmente, unos 5,8 millones de contribuyentes en el IRPF logran reducir su factura tributaria en unos 2.500 millones de euros anuales –2.523 en los presupuestos de 2012– gracias a la deducción por inversión en vivienda habitual. El beneficio fiscal permite deducirse un 15% de las cantidades destinadas a pagar una casa con un límite de 9.040 euros. Dicho de otra forma, un contribuyente puede rebajar su cuota a pagar en e IRPF en 1.356 euros cada año.

Además, según el último informe de recaudación publicado por la Agencia Tributaria correspondiente a mayo de 2012, la rebaja desde el 8% hasta el 4% del IVA que grava la adquisición de viviendas nuevas y que se implantó en agosto del año pasado ha minorado los ingresos de Hacienda en 500 millones de euros hasta el citado mes. Como es conocido, este Gobierno prorrogó hasta finales del año en curso dicha rebaja –eludiendo el límite anunciado de que sólo desgravarían las "viviendas nuevas de uso habitual"– y aumentó hasta los 33.007 euros el tope de ingresos para poder deducir en el IRPF la adquisición de viviendas. Esta pérdida de ingresos no ha tenido que ver con un súbito dinamismo del mercado inmobiliario, que seguiría cayendo a un ritmo anual cercano al 25%: los beneficios de la rebaja han sido para las entidades financieras que se han visto obligadas a adjudicarse viviendas sin comprador procedentes de las inmobiliarias.

Para entender lo que significa este descabellado tratamiento fiscal expansivo, hay que poner de manifiesto que ha sido la causa principal de la formación de la descomunal burbuja inmobiliaria cuyo estallido nos ha dejado sumidos en una gravísima recesión, fruto de la superposición del hundimiento dramático del sector construcción a la crisis financiera global que se desencadenó en 2008. No ha habido sorpresa: desde hace muchos años, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones supranacionales nos han advertido de que la sinrazón de estimular fiscalmente un sector gravísimamente recalentado, que estaba siendo objeto de una especulación sin tasa, nos conduciría al desastre. Tuvieron razón y así ha sucedido finalmente, por lo que es muy difícil de explicar que, después de la tragedia, tanto el anterior gobierno socialista como el actual del PP se hayan obstinado en mantener incentivos fiscales a la compra de vivienda.

La irracionalidad de tal conducta ha sido incorregible hasta ahora, pero la desaparición de los estímulos fiscales al sector inmobiliario es ya una condición que nos impone Europa para conceder el rescate al sistema financiero. En parte, porque no podemos permitirnos esta alegría recaudatoria, pero sobre todo porque lanza una señal errónea a los mercados: la situación anterior es irreproducible y este país tendrá que reemplazar y no reconstruir la mayor parte del sector construcción destruido por la crisis.

Sería ésta una magnífica oportunidad para tratar de cambiar las pautas culturales de este país en lo tocante a la vivienda en propiedad, cuya generalización ha sido sumamente perturbadora. La extensión del alquiler facilita la movilidad laboral y, según algunos análisis, hace más felices a los ciudadanos ya que los libera de durísimas cargas hipotecarias que pesan sobre una losa sobre el devenir familiar durante la mayor parte de la vida activa de las personas. Pero ésta es otra cuestión que requeriría otro análisis.