La comisión delegada del Gobierno para Asuntos Culturales, presidida por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha dado esta semana luz verde al borrador de la futura ley de Participación Social y Mecenazgo, una iniciativa del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, que ya fue anunciada durante la legislatura anterior cuando éste era el responsable del área del cultura del Partido Popular. Según se ha dado a conocer, dicha norma, que será madurada en los próximos meses con la intención de que sea aprobada por el parlamento a finales de año, comenzó siendo concebida exclusivamente como herramienta de desarrollo cultural pero hoy ya incluye la educación y la ciencia, a presiones sobre todo de la Asociación Española de Fundaciones (AEF), que reúne a 1.068 instituciones de esta índole, y cuyos responsables han hecho saber que, según encuestas internas, sus afiliados consideran que las prioridades del mecenazgo son, por este orden, la educación, la ciencia y la cultura.

El momento es evidentemente delicado, ya que el gran ajuste ha producido recortes importantes en la financiación estatal de la cultura. El presupuesto de la secretaría de Estado para 2012 es de 624 millones de euros, lo que representa un recorte del 15%, con descensos del 35% en el ICAA, del 17% en el INAEM, del 14% en el Reina Sofía y en la Biblioteca Nacional, etc. (hay que tener en cuenta que el gasto del Estado en cultura sólo representa el 16% del total; las comunidades autónomas corren con el 29% y los ayuntamientos, con el 55 %). Pero, además, se avecina sobre la cultura otra catástrofe: la decadencia y posible clausura de las fundaciones dependientes de las cajas de ahorros, cuya obra social peligra después de su conversión en bancos y las consiguientes reestructuraciones. Habrá que salvar lo que se pueda del incendio pero de momento los presagios son muy negros.

Lassalle ha sido todavía poco explícito con respecto a sus intenciones, pero de la conferencia que pronunció en Barcelona el pasado lunes y de otras declaraciones, se desprende que la futura ley será ambiciosa en lo económico, con tendencia a parecerse al modelo francés. En efecto, en la actualidad, la legislación española de 2002 prevé unas deducciones del 25% en el IRPF y del 35% en el Impuesto de Sociedades; en Francia, los porcentajes son del 60% y del 70% respectivamente. En el país vecino, donde también se modificó la legislación en 2002, se pasó de recaudar 150 millones de euros aquel año a los 683 millones de euros en 2011. Aunque allí el presupuesto de cultura supera anualmente los 2.500 millones de euros.

La nueva ley €según Lassalle€ pretende fomentar el consumo cultural, alentando que las aportaciones culturales de pequeña magnitud €los abonos a ciclos de conciertos, por ejemplo€ puedan desgravar. Se trataría pues de implicar a los ciudadanos particulares, además de seguir alentando la inversión cultural de las empresas como un medio de ejercer la ciudadanía de empresa, de mejorar la imagen corporativa y de desarrollar el concepto de responsabilidad social. Hay en definitiva, un vasto campo por explorar en que sería muy deseable conseguir una cooperación creciente entre lo público y lo privado, entre el estímulo de las instituciones y la movilización cultural espontánea del cuerpo social.