Más por menos. No es anuncio comercial, se trata de la frase capaz de condensar el marco y las condiciones de trabajo que el Govern tiene decidido implantar para los empleados públicos vinculados a la Administración Autonómica. Tendrán que trabajar durante más tiempo percibiendo el mismo salario que ahora, eso caso de no aplicarse nuevos recortes en un futuro inmediato, lo cual, tal como están las cosas, no resulta descartable. La jornada laboral de los funcionarios pasa de 35 a 37,5 horas semanales.

La directora general de la Función Pública, Núria Riera, dice que con la medida adoptada, en forma de imposición porque no ha sido negociada en momento alguno como se encargan de recordar los sindicatos, se pretende, antes que cualquier otra cosa, "mejorar la atención que se presta al ciudadano". Se da por sentado que esta es la finalidad y la razón de ser de cualquier administración pública. Habrá que indagar pues con mayor profundidad para dar con la verdadera causa de este aparente interés por la eficacia del Govern Bauzá. No es difícil. Se trata más bien de un secreto a voces. El Ejecutivo autonómico, en realidad, busca el dinero que no tiene y que debe darle oxígeno tanto a él como a quienes dependen de forma más directa de su gestión.

Se persigue liquidez a cualquier precio, bien sea atándose al interés bancario y de los bonos patrióticos o decretando a la baja, en un experimento que no deja de tener notables riesgos, la vinculación entre salario y tiempo de ocupación laboral. Más que en términos de productividad directa, la medida no deja de ser una incógnita a efectos sociales y de distribución de la ocupación laboral.

Aumentando dos horas y media semanales la jornada, el Govern busca un ahorro de 50 millones. Los sindicatos, indignados, no sólo por la medida, sino porque no ha habido negociación y con unos informes que por lo menos parecen ser más voluminosos que los del Ejecutivo –un folio por una cara dicen que presentó a la Mesa General de Negociación– sostienen que el asunto no cuadra, que será imposible evitar todo el gasto pretendido y que, a lo sumo, sólo se logrará aliviar ciertos aspectos de la productividad y el margen de maniobra para la recomposición de los turnos laborales. Precisamente éste último, el de la distribución del trabajo, es el único apartado sobre el que se presta a conversar el Ejecutivo. Los sindicatos le echan en cara que no haya tenido en cuenta la imperiosa necesidad de ahorro al decidir un incremento medio del 13% en retribuciones para altos cargos o que haya renunciado al impuesto de Patrimonio, cuya recaudación se estimaba en 30 millones. También apuntan que la medida puede engrosar las listas del paro en cerca de dos mil personas.

Queda por ver sobre todo el verdadero calado que el incremento de horarios tendrá en Sanidad y Educación, apartados que se llevan con ventaja el grueso del dispendio laboral de la Administración Autonómica. El incremento de horas no deberá ser necesariamente lectivo entre el profesorado y en los hospitales está claro que habrá una considerable reducción de eventuales y sustitutos ¿Seguro que no se resentirá la asistencia?