LLORENÇ RIERA
El Govern no afina ni sabe engrasar de forma adecuada sus relaciones con la sociedad a la que sirve. Tiene la fuerza de los votos, la seguridad del Parlament y todos los resortes del poder en sus manos, pero el traje de todo ello, tejido con premura, le resulta unas cuantas tallas grande, hasta el extremo de distorsionar su imagen. La sociedad, o por lo menos algunos de sus colectivos más sensibles, se han percatado de ello y, a partir de ahí, empiezan a surgir unos problemas crecientes que ya no pueden amagar el miedo escénico de un Ejecutivo camino de adquirir alergia crónica a la calle. Con la espalda dada a los agentes sociales y al resto de fuerzas parlamentarias, en tiempos de crisis, todo es más difícil, sobre todo si el Ejecutivo decide trastocar, como hace, en contra de sus promesas, una cuestión tan sagrada como el idioma. Son ganas de complicarse la vida y de irritar a los demás, incluidos algunos sectores del partido propio. El Ejecutivo desprende un plus de engaño y de arrogancia que ha sido percibido con claridad, sobre todo en determinados ámbitos estudiantiles concienciados con el catalán y en las capas de la sociedad que ven en el bilingüismo una riqueza en vez de un problema.
Con este caldo de cultivo surgieron las protestas en la plaza de Cort de Palma y en el Sant Antoni más reivindicativo de Sa Pobla. Las cosas ya no volverán a ser como antes porque la protesta indignada con toque festivo y, salvo brotes esporádicos, nada violenta, es hasta sana y la única vía de escape posible frente a un Govern decidido, pero que a medida que exterioriza su antagonismo con la calle, se vuelve presa más fácil. El novel delegado del Gobierno, José Maria Rodríguez, dice que el derecho a manifestarse está garantizado. Menos mal que no ha empaquetado la Constitución.
El serial previo y los preparativos para la reunión, a una hora indeterminada, del Consell de Govern, hoy en Felanitx, retratan también a la perfección la situación actual. Secretismo y presumiblemente poca resolución, control de la población escolar y medidas policiales desmesuradas. Todo para que no se pueda decir que José Ramón Bauzá y sus consellers han tenido miedo de ir a Felanitx después del retroceso de la primera convocatoria para esquivar el Sant Sebastià festivo en Palma.
La protesta y la manifestación han sido, desde que existen las aulas, inherentes al mundo estudiantil pero, por lo visto, en el Felanitx siempre creativo y ocurrente, no puede ser así. Cuentan que se ha recordado la normativa en vigor a la dirección del instituto, que se pasará lista como en los viejos tiempos y que las puertas del centro permanecerán cerradas a cal y canto. Ya existe el precedente de un Sant Agustí pasado de rosca, con sprays policiales de por medio y polémica todavía latente. Por eso el alcade Tauler, pese a ser anfitrión del president, dice que hoy, los agentes municipales se dedicarán a tareas rutinarias.
Pero todo junto también tiene algo de maniobra de distracción superficial porque, tras la bronca, real o aparente, se ha desenterrado un problema lingüístico que resultará muy difícil volver a estabilizar. Incluso sectores concretos del PP han exteriorizado su malestar por la modificación de la Ley de Normalización Lingüística y por dejar al catalán bajo el rango administrativo de mérito. Son unos recortes perfectamente evitables por innecesarios y desafortunados. O el Govern cambia de actitud o las escenas de hoy en Felanitx se irán repitiendo durante toda la legislatura. También existe la posibilidad de que el Ejecutivo quede recluido en el entorno del Consolat de Mar.