Al comenzar a desplegar su implantación, hace cinco años, la llamada Ley de la Dependencia fue acogida como un gran logro social y como el reconocimiento de una realidad y una necesidad que debían atenderse y afrontarse. Con el tiempo transcurrido desde entonces, se ha visto sin embargo que todo ello apenas ha podido aplicarse más allá del plano meramente teórico. La Ley de Prevención de la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal no logra, mi mucho menos, traducirse en un servicio práctico para una necesidad claramente evidente y palpable. Es como si la Administración se hubiera conformado con dictar la norma y publicarla ignorando a conveniencia el enorme trecho que hay entre el dicho y el hecho.
Este periódico ha publicado esta semana que en Balears hay más de 7.500 personas dependientes que no logran que les lleguen las ayudas que ya les han sido aprobadas, bien sea en forma de asignación de residencia, plaza en un centro de día o asignación económica, en el caso que se precise un cuidador a domicilio. En las islas existen también aún 24.388 solicitudes en trámite, lo cual viene a significar, directamente, que 32.000 personas y sus respectivos entornos familiares topan con la decepción y hasta la desesperación de comprobar cómo se incumple para ellos lo que la ley les promete y les viene a garantizar. Ahora, en el mejor de los supuestos, para entrar en una residencia se debe esperar un año y diez meses para el cobro de las asignaciones económicas. Habrá que admitir que el panorama es ofensivo y hay que denunciar a gritos la insensabilidad de un Govern que, aún con tantas listas de espera, sólo presupuesta en 2012 el equivalente a cuatro meses para atender a los dependientes y despacha el asunto alegremente con el genérico de que "los presupuestos se pueden modificar". Albergaremos muchas dudas sobre ello, sobre todo al comprobar que quien asumirá esta misma semana la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que la Ley de la Dependencia "es inviable". En todo caso, lo que se desvela como inviable es la capacidad política y administrativa para hacer frente a una necesidad que se agrava cada día que pasa.
Los dependientes no pueden ni deben esperar. Nadie es dependiente por voluntad propia y tanto la sociedad como la Administración deben saber resolver las carencias de quienes necesitan algún tipo de soporte, sea en el grado que sea. Pero parece que la tendencia es la de distanciarse, ignorando un problema que no tiene porqué serlo en una colectividad madura y que, de no tomarse soluciones adecuadas, irá aumentando también a medida que se incrementa la esperanza de vida.
Se ha errado con el sistema escogido. Venía a decirlo con acierto esta misma semana en Diario de Mallorca la enfermera geriátrica y profesora de la Universitat Julia Gallo Estrada. En el caso de los ancianos, hay un desconocimiento sobre lo que significa y por tanto también sobre lo que necesita la vejez. No es extraño que se genere frustración y que los mayores acaben perdiendo interés en la ley de Dependencia por su burocracia y lentitud. Pero eso no quita ninguna responsabilidad a la Administración, más bien todo lo contrario.
En el caso de Balears, los datos expuestos significan 32.000 casos individualizados que analizar y apreciar en el valor intrínseco y humano que comporta cada uno, pero en términos generales sólo significan el 0,94% de la población. Si una Administración no es capaz de afrontar un servicio tan evidente para un porcentaje tan bajo deberá comenzar a interpelarse con seriedad sobre lo que está haciendo y si ha desmontado por completo su orden razonable de prioridades y servicios objetivos
