Si tecleamos "reforma de la ley concursal" en Google comprobaremos con alivio, o desánimo según el caso, que en la red se opina que el Congreso ha reformado la Ley Concursal para que los clubes de fútbol con deudas desciendan de categoría. Sin querer restar importancia a lo trascendental de que determinadas sociedades anónimas deportivas, una de ellas con domicilio en nuestra isla, mantengan determinado estatus, espero que este no haya sido el motivo de una reforma imprescindible, ni que el hecho de tener que tratar concienzudamente tan importante asunto llevara a nuestro legislador a olvidar el problema de los restantes miles de sociedades y ciudadanos con problemas urgentes de solvencia.

Con alivio comprobaremos que la Ley de Reforma de la Ley Concursal, publicada el pasado 11 de octubre, hace algo más que hablar de clubes de fútbol. Salvado este primer sobresalto, vemos que da solución a los problemas de las entidades financieras concediéndoles atribuciones que dejan en sus manos el futuro de sus clientes al proteger no sólo los acuerdos de refinanciación, sino también los negocios, actos o pagos que supongan la ampliación del crédito disponible o la modificación de sus obligaciones existentes contra futuras y eventuales acciones de rescisión.

No negaremos que en el corto plazo la reforma puede llevar a evitar un importante número de demandas de concurso de acreedores voluntario, aquellos iniciados por la propia sociedad deudora, disminuyendo así el número de sociedades en liquidación, destino de la mayor parte de sociedades en concurso, con el positivo impacto que ello tendrá en el empleo. Y ello porque las entidades financieras son las últimas interesadas en ver sus balances deteriorados por la insolvencia declarada de sus clientes, resultando mejor solución incrementar el crédito (privilegiado a partir de ahora) y esperar un tiempo a ver si amaina la crisis y se puede reconducir la situación.

Nada se dice sobre la situación de insolvencia de las personas físicas, a las que dado que no es posible "liquidar" en el sentido jurídico mercantil de la palabra, entendemos que habría sido una buena oportunidad para permitir un nuevo comienzo ("fresh start"), como se propuso en alguna de las enmiendas rechazadas por el Congreso, no sabemos si por falta de voluntad con la intención de incluirlo en una esfera más política en la actual coyuntura electoral. La reforma es, sin duda, un paso más en el intento del Gobierno por dar solución al grave problema de solvencia de las entidades financieras en la confianza de que, resuelto este, el resto vendrá solo. Esperemos que así sea, aunque son ya varios años de ajustes sin obtener el resultado deseado.

* Director de Deloitte Abogados y Asesores Tributarios