Ayer, Euskadi celebró el trigésimo segundo aniversario del Estatuto de Autonomía. Por primera vez, fue día festivo, y el Ejecutivo de Vitoria aprovechó la ocasión para investir con la condecoración más distinguida, la ´Cruz del Árbol de Gernika´, a Carlos Garaikoetxea, el primer lehendakari constitucional y estatutario. Sin embargo, Bildu no sólo no se ha adherido a la conmemoración sino que la ha boicoteado: en el ayuntamiento de San Sebastián y en la diputación foral guipuzcoana se ha trabajado con normalidad. Ello significa que la izquierda aberzale, Eusko Alkartasuna y Alternatiba menosprecian la voluntad general que, después de construir la democracia española, la dotó de un régimen autonómico singular para Euskadi que ha proporcionado al País Vasco la mayor autonomía política y económica de que ha disfrutado en toda su historia. Incluidos el concierto y el cupo, tan entrañados por la sociedad vasca.

Ello insinúa, también, que el independentismo más radical, después del fin de la violencia decidido y anunciado por ETA, no se plantea integrarse en el sistema, aunque sea para reformarlo: mantiene tesis rupturistas y se dispone, como ya hizo en el pasado, a utilizar las instituciones en lo que le convenga, aunque sin interiorizarlas ni reconocerles legitimidad, sin adherirse al pacto político y social en que hoy se basa la organización de la ciudadanía vasca.

Esta distancia explicaría, por ejemplo, la paradoja de que en tanto al PNV le ha faltado tiempo para solicitar al lehendakari unas elecciones anticipadas en Euskadi para reconocer la nueva realidad política, en la que ya cuenta la izquierda abertzale, portavoces de Bildu han manifestado que tal anticipación no está actualmente entre sus preferencias sino que lo "crucial" es "solventar la situación de los presos". Ese concepto –"solventar la situación de los presos"- todavía no ha sido desarrollado por los epígonos de Batasuna, pero la izquierda abertzale ya ha empezado a manejar el término ´amnistía´.

La revisión de la política penitenciaria corresponde al gobierno, que podría ciertamente aproximar los presos al País Vasco si ETA, que ya no mata, optase por disolverse. Pero como ha recordado recientemente el ministro Camacho, está en manos de los propios presos aceptar los beneficios penitenciarios que la legislación vigente otorga y que los etarras fieles a la disciplina de su organización han rechazado sistemáticamente.

La Constitución prohíbe las medidas de gracia colectivas (El art. 62.i confiere al Rey la función de "ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales"). Pero es claro que, una vez garantizada la desaparición de ETA, procederá una revisión individualizada de las condenas por colaboración o pertenencia a banda armada, siempre que exista arrepentimiento verosímil y disposición a contribuir a reparar el mal causado. En todos los demás delitos, muy en especial en los cometidos contra las personas, deberá funcionar con plenitud el Estado de Derecho.

Todo ello deberá discurrir a través de consensos amplios y con la debida atención a los colectivos de víctimas que, aunque no han de tener la última palabra, sí han de ser tenidos en cuenta con exquisita sensibilidad. Y el proceso de desenlace de las consecuencias penales del terrorismo habrá de discurrir sin prisas, sobre bases sólidas de magnanimidad y sentido común por todas las partes concernidas.