Urbanizar para evitar las indemnizaciones

El Govern derogará la Ley de Medidas Urgentes con la que el Ejecutivo anterior protegió toda una serie de territorios con proyectos de expansión constructora. Se quiere evitar la compensación económica

 06:30  
Urbanizar para evitar las indemnizaciones
Urbanizar para evitar las indemnizaciones 

LLORENÇ RIERA Borrar toda huella de la Administración precedente. Este parece ser, bien a las claras, una de las líneas determinantes de la actuación del Govern Bauzá. Tampoco constituye novedad sustancial, porque ésta ha sido uno de los hábitos de la alternancia y la fragmentación política en este archipiélago durante los últimos años y que ahora, si cabe, se presenta de forma más pronunciada, sin duda por efecto de la concentración de todo el poder ejecutivo, en lo autonómico, insular y grandes áreas municipales, en un solo partido. Pero, sobre todo, porque en esta tierra todavía no se ha alcanzado la buena práctica política de consensuar las bases fundamentales de las grandes cuestiones. Por esta vía se podrían evitar muchos disgustos, no pocos esfuerzos estériles y mejorar una estabilidad del gasto público que, eso sí, ha sido la gran carencia coincidente de todos los colores políticos y ahora se vuelve necesidad perentoria de logro enrevesado. Este consenso en las grandes cuestiones también habría estabilizado una seguridad jurídica que el PP persigue en este momento por la vía de la facilidad y la simplicidad administrativa.

Los servicios técnicos del Govern, Consell y ayuntamiento de Palma han mantenido encuentros para comenzar a deshacer bastante, lo esencial, de lo regulado por el Govern Antich en cuanto a la protección del territorio. Esto significa que se anulará la Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo Territorial Sostenible y otras normas menores o más localizadas en lo geográfico por las que en 2007 y 2008 se llegaron a proteger 1.500 hectáreas del conjunto territorial de Balears. El gran argumento esgrimido para tomar esta decisión es el de evitar el peso de los 948 millones de reclamación por responsabilidad patrimonial que, en su conjunto, tienen planteados los promotores de las urbanizaciones desautorizadas. Es una valoración que, en todo caso, parece realizada muy al alza porque, según reconocen los propios técnicos, los tribunales no han sentado el precedente de reconocer el lucro cesante. Suelen fallar en el sentido de limitar las indemnizaciones a los daños probados.
El hecho es que por esta nueva vía que ahora abre el Govern Bauzá tienen prácticamente todas las posibilidades de volver a aflorar el complejo de Ses Fontenelles en Platja de Palma, las viviendas de Cala Carbó y El Villar de Pollença, un parque temático en Calvià, la urbanización de Cala Marçal en Felanitx o los complejos de Cala Blanca y Monfort en Andratx. Pero no se acaba aquí la manga ancha constructora que piensa aplicar el Govern. Tiene previsto por igual enmarcar dentro de la legalidad urbanizaciones reales no reconocidas o de imposibilidad recepción legal en el día de hoy.
La amenaza de indemnizaciones millonarias para un Ejecutivo con los bolsillos vacíos, es la gran baza esgrimida para un cambio de concepto urbanizador, pero no es la razón definitiva. Resulta más bien una oportunidad excelente para hacer valer la convicción, la prioridad y el interés de quien gobierna ahora.

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