La reforma del Fondo de Garantía de Depósitos representa que la totalidad del sistema financiero deberá financiar las pérdidas generadas por el rescate de las cajas, realizado con fondos públicos que en algún caso –el de la CAM es el más claro– no podrán recuperarse.

Se puede entender el designio gubernamental ya que lo que se pretende es evitar que ese rescate repercuta sobre el déficit público. Sin embargo, no tiene mucho sentido que, después de lo que ha ocurrido en el sector de las cajas –un despilfarro indecente promovido por el establishment político y llevado a cabo por banqueros sin escrúpulos que se han enriquecido hasta la náusea–, tengan que pagar justos por pecadores.

Más que obligar a los bancos que han sabido sortear la crisis a pagar el estropicio de las cajas que se han hundido por el inefable despilfarro que han practicado, sería mucho más razonable que se obligara por decreto a los malos administradores a responder del desmán con su patrimonio personal. Así se nos ahorraría al menos el espectáculo de los facinerosos yéndose a casa con un fabuloso botín que hemos puesto entre todos.