¿Se imaginan a un obispo de la Conferencia Episcopal regentando una red de prostíbulos? ¿O a un miembro numerario del Opus Dei como accionista mayoritario de una empresa de clínicas de abortos? ¿Y a un banquero dando préstamos sin intereses a tutiplén? Ahora imagínense una derecha liberal, como la que ha propiciado que los especuladores financieros nos hundan en la miseria; una derecha como la que mama de la fabrica ideológica de Aznar, la FAES, y que gobierna la mayoría de municipios y comunidades autónomas; imagínense a esa derecha haciendo un ejercicio de defensa a ultranza de la cosa pública y una reforma fiscal en la que paga más quien más tiene. ¿Cuesta trabajo ver a Rajoy gravando a Botín, verdad? No hay regla sin excepción, y así nos hemos encontrado con casos insospechados dentro de la iglesia católica de pederastia, abusos sexuales y otras actividades escabrosas impropias de sus menesteres; hemos visto algún que otro capitalista filantrópico y desinteresado y, aun más, nos hemos topado con algún gobernante de derechas que puntualmente ha pensado más en el interés de la mayoría que en el de los poderosos. Pero por lo general, como decía Guerra, el torero, no el otro, "lo que no puede ser no puede ser, y además es imposible".

Así como las expresiones "cura pederasta", "católico proabortista", "banquero filantrópico" chirrían a la razón, también "nacionalismo progresista" junta dos palabras contradictorias, y "derecha social" amanceba en un idilio irreconciliable a otras dos de significado opuesto. Estas expresiones deberían de servir como ejemplos preferentes de oxímoron y, en esa asignatura que tanto molesta a la derecha que nos ampara, Educación para la ciudadanía, enseñarlos como modelos ideológicos imposibles.

El gobierno nacionalista de derechas (perdón por el pleonasmo) de Artur Mas, ha pasado del aperitivo de las políticas restrictivas que nos están sirviendo las "cospedales" (Bauzá ya es el ídolo de Jiménez Losantos), y ha entrado de lleno en el plato principal del recorte puro y duro. Nada de ajustes. Bisturí del bueno donde es más fácil y donde más duele a la gente: la asistencia sanitaria. Por supuesto a los gestores políticos nacionalistas ni a sus familiares les van a afectar las consecuencias negativas de su política sanitaria. Ellos suelen ser usuarios de los circuitos preferentes de lo público o clientes de lo privado.

El cierre de más del 30% de las camas de hospitalización, del 40% de los quirófanos, de centros de salud "ineficientes", de consultas, el recorte de personal con la reducción del número de médicos de guardia, entre otros, la disminución de los salarios… no se aplican en la sanidad pública catalana como consecuencia inevitable de la crisis que nos asola. La crisis les ha venido al pelo a los gestores políticos nacionalistas para aplicar todo un ideario de neoliberalismo que no se lo salta un galgo. No en vano el convergente Mas nombró como conseller de Salud a todo un experto en política sanitaria neoliberal. El mismo que ahora pide árnica al Estado y que ha llevado a la sanidad catalana a una situación insostenible al reducir el presupuesto de forma drástica. La pregunta que se hacen los sufridos pacientes catalanes, que ven como las listas de espera se desmadran, es de sentido común: ¿por qué a la sanidad pública no se le da el mismo trato que a los bancos y a las empresas privadas que han recibido dinero público para salvarse de la quiebra?

Los ciudadanos catalanes no deberían olvidar el pasado del expresidente Pujol en la banca privada (caso Banca Catalana) ni los fracasos empresariales de Mas, para explicarse mejor el presente.

En octubre del año 2005 el actual conseller de Salud de la Generalitat, Boi Ruiz García, compareció en la comisión de sanidad y consumo del Senado en calidad de director general de la Unión Catalana de Hospitales, a petición del grupo parlamentario catalán de Convergencia i Unió.

Hace cinco años ningún experto barruntaba ni por asomo la que se nos avecinaba. Pero aún en ese clima de bonanza, el actual conseller catalán expuso en su comparecencia en la cámara alta toda una doctrina neoliberal de cómo hacer sostenible el sistema sanitario público. Fue un adelanto de lo que ahora está aplicando, no por necesidad sino por convicción ideológica. Habló de las bonanzas del copago, al que de forma eufemística llama canon de utilización, de la revisión a la baja de las prestaciones y de la población protegida, del fomento del aseguramiento privado, de la mínima injerencia de lo público en la gestión, del pago por atención a inmigrantes, de la financiación especial… En definitiva, expuso un planteamiento, encubierto por un lenguaje tecnocrático tan aséptico como el veneno de una víbora, que era un anuncio de la agonía de la sanidad pública cuando llegaran al poder. Ahora que gobiernan ponen en práctica su ideario y allanan la privatización de lo público expropiándolo descaradamente. A los nacionalistas catalanes se les ve en su salsa, y en especial al conseller Ruiz en su papel de puntillero de la sanidad pública catalana. Del desmantelamiento del estado del bienestar en el resto de España ya se encargará el Partido Popular a partir del 20-N.