El clamor de los más desprotegidos

La federación que trabaja a favor de los discapacitados intelectuales anuncia el cierre progresivo de sus servicios a partir del día 25, caso de que el Govern no empiece a abonarles los pagos pendientes

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El clamor de los más desprotegidos
El clamor de los más desprotegidos 

LLORENÇ RIERA No todas las urgencias y necesidades son iguales. En consecuencia, no se puede reaccionar de forma calcada ante todas ellas. Pero el Govern, por lo menos en sus comportamientos exteriores, lo está haciendo. El president Bauzá exhibe una actitud impasible frente a las deudas que ha asumido con el cargo. No las niega, pero tampoco se inmuta en las formas ni en el discurso. Se compromete a poco. Pagará cuando pueda. Nada desvela en relación a un imprescindible calendario de abonos que, más que reclamar, exigen distintos colectivos profesionales y humanos dependientes de la Administración pública.
El otro día, personas sujetas a algún tipo de discapacidad, familiares y profesionales que les asisten, se plantaron ante el Parlament para hacer oír su voz y pedir o hasta suplicar, admitámoslo, lo que es suyo. El president tuvo buenas palabras con ellos, pero se escudó en la convicción de que en realidad la protesta iba en contra del anterior Ejecutivo de Antich y no contra el suyo. Visto desde fuera es también una prueba manifiesta de insensibilidad que impresiona al observador porque, como queda dicho, ni todas las urgencias ni todas las necesidades están sujetas a la misma premura.
Como las cosas no pueden quedar tal como están y el tiempo apremia en todas los sentidos, los afectados dan ahora un paso determinante. La Federación Balear de Organizaciones en favor de las personas con Discapacidad Intelectual ha tomado la decisión formal de dejar de prestar sus servicios de forma escalonada si el próximo día 21 no ha recibido los ingresos equivalentes a un mes y una parte significativa de los atrasos pendientes. Son 15 entidades que, con 1.067 empleados, se ocupan de 3.000 discapacitados a distinto nivel, desde centros de día a enseñanza o comedores. Si la situación continúa impasible, el día 25, cuando empiecen los cierres, puede haber verdaderos problemas de organización doméstica y laboral para las familias afectadas.

Existe otro factor crucial en este asunto. Muchas de estas organizaciones que el Govern mantiene a dos velas, están sujetas a convenio de carácter público porque asumen funciones, competencias y trabajos que corresponden a la Administración. No hablamos pues de altruismo de los gestores públicos o de una costumbre generosa instaurada en tiempos de vacas gordas No. Es la misma obligación y la responsabilidad, ahora parapetada en la insolvencia que nada resuelve, de quienes ejercen la acción de gobierno. Cuanto dicen los afectados, lo corroboran los sindicatos con implantación en el sector y que anuncian por igual movilizaciones y nuevas medidas de presión para los próximos días. Las deudas acumuladas en este ámbito están estimadas en estos momentos en 13 millones. Resulta comprensible pues que con la paciencia y los recursos agotados, se produzcan reacciones extremas. Ojalá no deban llevarse a la práctica. Será señal de que se ha paliado un tanto la situación de las personas más vulnerables y de que el Govern empieza a entender que hay una realidad muy diferente a la del despacho y el coche oficial. O que la razón objetiva no puede ampararlo todo. Existen urgencias reales que apremian y exigen una reacción rápida.

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