Servicio público y ocupación laboral

Balears ha bajado en apenas un año sus empleados públicos en un 12% después de haberlos incrementado de forma considerable. A ello habrá que sumar los últimos recortes decididos por el Govern

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Servicio público y ocupación laboral
Servicio público y ocupación laboral 

LLORENÇ RIERA Las grandes cifras y los términos generales guardan muchas cosas detrás de su carátula. Por eso conviene dejar pasar su primer impacto y servirse de cierta distancia y serenidad para adentrarse en la verdadera dimensión de sus contenidos y en las certezas de los detalles interiores que incorporan. Es lo que resulta aconsejable hacer ahora mismo por lo que respecta a los empleados y también, no lo olvidemos, servidores públicos, en el punto de mira de casi todo el mundo, por causas diversas y confluyentes.
Si atendemos a las últimas aportaciones de la Encuesta de Población Activa (EPA) metiendo en el mismo saco a la Administración estatal, autonómica y local, resulta que Balears ha reducido, en apenas un año, su cifra de empleados públicos en un 12%, si bien es cierto que esto ocurre inmediatamente después de que las islas fueran, durante la primera fase de la crisis económica, una de las comunidades españolas en que más creció el número global de funcionarios. Tres cifras clave para demostrar estos comportamientos: Durante el último Govern de Francesc Antich entraron en nómina 18.000 empleados públicos. En el tercer trimestre de 2010 eran 73.200 y en el segundo trimestre de 2011 sumaban 64.200. Para evitar confusiones o que el árbol no deje ver el bosque, conviene puntualizar también que, evidentemente, estas cifras no incorporan las últimas medidas de recortes de personal decididas hace apenas dos semanas por el Govern Bauzá.

Todas estas cuestiones vinculadas a quienes trabajan y cobran de la Administración tienen dos vertientes sustanciales. Una es la estrictamente laboral y la otra, más vital y de mayor peso desde el punto de vista del interés y la trascendencia pública, es la de los servicios, necesidades y prestaciones que se pueden atender, precisamente porque hay profesionales de muy diversa condición que se ocupan de ellos, en función de la demanda ordinaria del conjunto de población.
Más que las aspiraciones y los derechos de los funcionarios y personal laboral que tienen a alguna Administración como patrón, qué también, aquí lo que está en juego y lo que de veras importa es la calidad y la necesidad del servicio público en las condiciones que lo conoce la sociedad actual. Habrá que tener en cuenta por igual que, los empleados públicos crecen y bajan después de una época y en una tierra en la que la demografía no manifiesta el mismo comportamiento global. No debe resultar extraño pues que vaya cundiendo una cierta preocupación, que ya se manifiesta en la calle, sobre la calidad y solvencia del servicio público, sobre todo cuando se observa el escaso entusiasmo del Govern por detallar el contenido de sus recortes y en cambio el propio president advierte que "quedan medidas difíciles por tomar".
El Ejecutivo niega que se estén aplicando restricciones lineales y los sindicatos se avienen incluso a admitir que algunas plantillas están sobredimensionadas y por tanto su recomposición resultaría adecuada. Pero, con todo ello, aún se percibe con claridad una última inquietud que también ha saltado a la plaza pública, la de saber qué llegará a pasar con la Sanidad y con Educación. Son dos puntos neurálgicos y merecedores de atención y esfuerzos especiales de forma inversamente proporcional a la dimensión de la crisis. Por eso, la reducción de funcionarios en estos dos ámbitos en particular se transforma en señal de alarma. No es el número. Es la necesidad y el lugar.

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