El Gobierno del PP salido de las últimas elecciones acaba de cumplir sus primeros cien días al frente de la Administración autonómica. El president Bauzá dice no dar ninguna trascendencia a este periodo porque, según su propia expresión, trabaja a largo plazo. Sin embargo, como se acostumbra a hacer en las democracias modernas, resulta aconsejable detenerse en la observación de lo ocurrido en esta etapa inicial, en lo hecho y en lo dejado de hacer, para calibrar si se están cumpliendo las expectativas creadas y saber a través de qué derroteros transcurre y transcurrirá la acción de gobierno en una época convulsa y marcada por una fuerte crisis económica generalizada y la precariedad financiera de la Administración.

Si algo ha caracterizado el quehacer del Govern Bauzá hasta ahora, ha sido la política de recortes de medios y personal en el organigrama de los departamentos de gobierno o dependientes de él y la acumulación sobre la mesa de facturas y deudas heredadas de Ejecutivos anteriores. La primera medida de choque ha sido un plan de saneamiento refrendado por el ministerio de Economía y Hacienda, que se guarda con especial sigilo y que se va plasmando en los recortes apuntados y más concretamente en la concentración de consellerias, el freno a la contratación de personal interino, la extinción de la productividad y horas extras –con llamativas excepciones en Presidencia y Marivent– y la supresión de más de 90 empresas públicas. Es posible que algún día estas medidas lleguen a lograr su efecto, pero de momento no lo han hecho. Más bien todo lo contrario. Se ha generado un ambiente de pesimismo en el ámbito laboral vinculado a la Administración autonómica que ha acabado filtrándose a todas las capas de la sociedad. La falta de concreción de un imprescindible calendario de pagos que se traduce en práctica asfixia para farmacéuticos, enseñanza concertada, transportista o la misma concertación asistencial dependiente del Govern, contribuyen a mantener esta acusada sensación de desánimo. El actual Ejecutivo del PP lo fía todo a largo plazo. Sostiene, de forma implícita, que pagará cómo y cuándo pueda. Habrá que admitir que ésta es una actitud que casa poco con la responsabilidad y la seriedad. Por eso no extraña que la desconfianza alcance incluso a una banca que debe otorgar los créditos imprescindibles para salir del atolladero. Hasta las entidades financieras han pedido más concreción y plazos a un José Ramón Bauzá que ahora lo fía todo a la iniciativa privada. Es un giro de 180 grados con respecto a lo mantenido durante la campaña electoral.

El president dijo en su día que si un mes después de haber ocupado el Consolat de Mar no se empezaban a reducir las cifras de paro, se sentiría decepcionado. Puede empezar a estarlo porque, ni con el viento a favor de una excelente ocupación hotelera, ni confiándolo todo a los "emprendedores" privados y a las facilidades de inversión turística, vía interés autonómico y anuncio de reforma de la Ley General Turística, ha conseguido invertir la tendencia del empleo.

El escaso interés por el transporte público, con el abandono del trazado ferroviario ya en obras no pagadas entre Manacor y Artà y el amago de cierre de algunas líneas en uso o el polémico nombramiento de un conseller al frente de IB3, son otros de los detonantes que definen el talante y las líneas de comportamiento del Ejecutivo Bauzá, un Govern que, en las últimas semanas, también ha exhibido una manifiesta falta de entendimiento con los agentes sociales expresada, sobre todo, en la ruptura con los sindicatos y las quejas que ha recibido del empresariado de la oferta turística complementaria que se siente infravalorado con respecto a la hostelería.