Desde hace ocho días, los médicos están obligados por ley a extender sus recetas con la mención del principio activo que aconsejan a sus pacientes (Paracetamol, Amoxicilina, Furosemida…), en lugar de especificar la marca de su preferencia. Ante tal circunstancia, parece oportuno comentar algunos pros y contras de una decisión que afecta, amén de los facultativos, a las farmacias, la industria y a la población en su conjunto como potencialmente usuaria de los recursos sanitarios, públicos o privados.
Sin duda, la PPA pretende mejorar la eficiencia al disminuir sustancialmente los costos de las recetas. En la misma línea, se ha venido fomentando el uso de genéricos (medicamentos que salen al mercado a partir del vencimiento de la patente del fármaco de referencia, investigado y comercializado por la industria farmacéutica) aunque, a este respecto, España, que empezó a auspiciar su uso hará unos quince años, se halle a la cola de Europa y en cabeza por lo que respecta a litigios derivados de la caducidad de las patentes. Hasta hoy, el precio de los medicamentos –y no digamos los más recientes– grava a extremos que pronto serán insoportables el gasto público, mientras que la prescripción de genéricos puede reducirlo en porcentajes que oscilarían entre el 30 y el 80% (el Estado fija el precio) y así se ha comprobado en Andalucía, adelantada en esta cuestión.
La PPA, por estimular la fabricación de Equivalentes Farmacéuticos Genéricos (EFG), contribuiría a reducir el desequilibrio financiero de los Servicios de Salud merced a la moderación del gasto en recetas; la industria de genéricos podría alcanzar niveles de sostenibilidad y los usuarios, todos nosotros en algún momento, no verían mermadas sus expectativas de curación o mejoría si se garantiza, como es de esperar, la bioequivalencia con la marca comercial, es decir: calidad y eficacia estrictamente superponibles. En paralelo, se facilitaría a las oficinas de farmacia una mejor gestión de su stock (existen principios activos con decenas, incluso centenares, de presentaciones en el mercado), y el cuidado en el envasado puede reducir la confusión que para el enfermo suponen los cambios frecuentes de éste y su aspecto equívoco.
Por entrar en situación, y tras la PPA, la oficina de farmacia dispensará el genérico (o una marca comercial al mismo precio). De no existir genérico, y según entiendo, se elegiría el fármaco del laboratorio que lo oferte más barato. En consecuencia, la industria farmacéutica podría reducir sus ingresos por encima del 20%, con implicaciones que, a pesar de las evidentes ventajas de la PPA, defendidas por la Administración Pública, compañías de genéricos y la Federación Empresarial de Farmacéuticos (podrían beneficiarse de determinadas políticas de descuentos), no convendrá echar en saco roto. Y por apuntar algún que otro interrogante, no debe olvidarse que la industria farmacéutica es líder en I+D y procura en nuestro país alrededor de 40.000 puestos de trabajo, que se reducirán en consonancia con la merma de sus beneficios.
A mayor abundamiento, el incremento de genéricos que presumiblemente fomentará la ley, podría desincentivar la investigación de un sector con gran capacidad innovadora; la vigencia de las patentes pudiera ser, en ciertos casos, insuficiente para recuperar una inversión multimillonaria desde el laboratorio a los ensayos en fase III y, en consecuencia, las extraordinarias mejoras terapéuticas de los últimos años, posibles por la actividad científica continuada de la industria, disminuir en años venideros y en perjuicio de todos. Las rebajas sustanciales a que las empresas se verán obligadas, por su competencia con los genéricos, podrían dificultar la supervivencia de algunas y, el resto, trasladar sus políticas comerciales hacia el ámbito farmacéutico, reduciendo su contribución al desarrollo de nuevas moléculas y al fomento de la investigación clínica, buena parte de ella financiada total o parcialmente desde el sector privado.
Cabe recordar que los grupos de investigación con mayor prestigio (incluido CAIBER, bajo tutela estatal y que será objeto de una próxima columna), desarrollan sus actividades de vanguardia, en buena medida, gracias al apoyo económico de esas empresas, algunas, multinacionales líderes en el desarrollo sanitario, y que la formación médica continuada precisa hasta hoy de su concurso.
De todo lo anterior resulta un escenario de contención del gasto, aunque la eficiencia del sistema sanitario (eficacia al menor precio), pudiera verse comprometida si el Estado –central y autonómico– no incrementa sustancialmente su contribución a la formación profesional y actividades de I+D, lo cual, en la actual coyuntura económica, se antoja poco menos que imposible y convertiría en rabiosamente actual la inquietante frase de Unamuno: "¡Que inventen ellos!". Los que consigan permanecer pese a la PPA, claro está. Como puede apreciarse, hay lecturas para todos los gustos.
