Lo primero que vi al entrar en el despacho fue un reloj de oro en su muñeca que debía pesar como un recién nacido. Luego el pasador de la corbata con brillantes, los gemelos macizos, la gomina, el prominente barrigón y un bigote de guardia civil de los años cincuenta. Impactante. Todavía no era una celebridad, sólo el sustituto del famoso alcalde inhabilitado. Tardé en reponerme unos minutos hasta que conseguí escuchar la propuesta para gestionar "su" palacio de congresos. Al principio pensé que me estaban grabando para algún programa de inocentadas, pero cuando me envió a discutir los detalles con su gerente de urbanismo comencé a temer que la cosa iba en serio. Aquella era la versión cutre y barriobajera del Nucky Thompson de Boardwalk Empire, el capataz de nuestra Atlantic City andaluza de finales del siglo XX y principios del XXI. La propuesta que me hizo convertía la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en un cómic de Mortadelo y Filemón, y sus términos económicos entraban directamente en la categoría de pornográficos. En el avión de vuelta a Madrid esa tarde, ya recuperado del susto, me entraba la risa floja al recordar la desfachatez de estos dos pájaros que aún no habían ingresado en prisión, aunque les faltaba poco. Viendo el peluco del primero y el Ferrari en la puerta del segundo lo más sorprendente no era su innegable condición de corruptos, sino su ignorancia supina al confundir las plusvalías de sus malolientes operaciones urbanísticas con los márgenes posibles de explotación en la gestión de servicios. Corría el año 2002 y yo, por mi cargo ejecutivo en una empresa del sector, conocía al detalle las cuentas de resultados de los Palacios de Congresos y Exposiciones de Galicia, Castilla-León, y el del Colegio de Médicos de Madrid.

En contra de la opinión generalizada, la contratación de eventos para este tipo de instalaciones es un negocio complicado, los márgenes muy ajustados y la competencia feroz. La compensación se produce generalmente a través de los servicios anexos de restauración, hotelería y parking, entre otros. A pesar de ello, la mayoría de estas infraestructuras han precisado de una fuerte inversión pública para garantizar su viabilidad, y se ha justificado el retorno de esa inversión por el efecto dinamizador de la economía en las ciudades que los albergan. En Palma, de una manera precipitada y con clamorosos errores iniciales de planteamiento urbanístico, se adjudicó este proyecto a una UTE formada por cuatro empresas, en una operación calificada por muchos como pelotazo. El chollo era tan grande que a las primeras de cambio dos de los socios, generosos ellos, renunciaron a su parte del pantagruélico banquete de dividendos que les esperaba en los próximos años. Luego lo hizo un tercero, y ahora el cuarto ha parado las obras porque no le pagan. España no puede ir bien porque nuestras empresas se niegan a ganar dinero, renunciando incluso a semejantes bicocas.

Me preocupa percibir una animadversión creciente contra las grandes compañías por su deseo de obtener una rentabilidad en sus inversiones, como si esta fuera una manera de robarnos a los demás lo que es nuestro. Calificamos alegremente de pelotazo cualquier idea de inversores que pretenden obtener de la Administración unas buenas condiciones que garanticen la viabilidad de sus planes o, al menos, que hagan atractivo el riesgo a asumir en un entorno de seguridad jurídica, porque para otra cosa ya tienen su capital en una cuenta naranja de ING Direct. Parece que, si alguien va a ganar dinero, ya no perdemos ni un segundo en analizar las posibles ventajas o el interés general de ese proyecto. Da igual que hablemos de reconversión hotelera, del nuevo Luis Sitjar, de un parque temático o del Palacio de Congresos. Todo son pelotazos. Hace nueve años yo, entre inocente y temerario, trataba de explicarle a Juan Antonio Roca lo que era y lo que no era un pelotazo. Sin querer, casi lo mato de la risa.