Diario de Mallorca ha publicado a lo largo de la semana que hoy finaliza un amplio informe sobre la situación que atraviesan y el modo de actuar de las 166 empresas públicas o sociedades dependientes de la Administración Autonómica. Los comportamientos, el coste que acarrean y hasta la concepción inicial de tales entes, conducen directamente al asombro y al escándalo porque, con muy pocas excepciones, conforman una maraña en muchos aspectos incontrolable y estructurada de forma premeditada para dar rienda suelta al enchufismo, el lucro personal y político o el clientelismo, pisoteando para ello, siempre que ha hecho falta y sin el menor rubor, cualquier norma laboral, de transparencia pública, igualdad de oportunidades o valía profesional, y convirtiéndose en auténticos viveros de los casos de corrupción investigados por la fiscalía y los jueces de Balears.

En la entrega de hoy, la última, se explica cómo muchos contratados por el Govern –un ejército sobre el que reina la confusión intencionada pero que sólo en las 77 empresas de las que hay datos reúne a más de 8.200 personas– cobran sueldos medios de más de 60.000 euros, el doble a veces de lo que percibe un director general. También hemos visto cómo las empresas públicas, que ya acumulan una deuda superior a 1.600 millones, significan un gasto anual de otros 1.498 millones o tienen comprometidos hasta el año 2039 dispendios por valor de 1.338 millones. Todo esto ocurre entre un cúmulo de contrataciones, no sólo irregulares, sino algunas veces duplicadas y bastantes más innecesarias. En las empresas públicas de Balears no existe el criterio del ahorro ni de economía eficaz o productiva, por eso los informes de miles de euros se encargan para agradecer favores y servicios a empresas externas cuando funcionarios propios pueden hacerlos con toda profesionalidad y sin costes añadidos. Un panorama indignante y mucho más en la situación social y económica que vivimos.

Las empresas públicas proliferaron a discreción y conveniencia bajo el impulso del Govern de Jaume Matas, pero el llamado Pacto de Progreso que presidió Antich se encontró con un caramelo demasiado apetitoso y envenenado del que primero no quiso y después no supo cómo desprenderse. Las empresas públicas injustificadas presentan grandes complicaciones para ser suprimidas porque están plagadas de deudas, es el problema con el que topó Antich y que ahora también condiciona a Bauzá. Sólo la ley de la Función Pública impulsada por Carles Manera y los limites de dietas fijados por el exconseller de Hacienda han paliado un tanto la situación, pero de forma todavía muy insuficiente, sin poder ir más allá del testimonio o la declaración de intenciones. Permanece la herramienta para camuflar la capacidad legal de endeudamiento de la Administración Autonómica.

Las sociedades públicas de las islas deben reconducirse, transformarse plenamente en función de las necesidades y de los servicios –sólo los necesarios y útiles– que han de prestar. Es la única posibilidad de que adquieran sentido y de que recuperen, si es que en algún momento la han tenido, la credibilidad ante la población.

Diario de Mallorca ha mostrado la censurable e inasumible realidad de muchas de las empresas públicas dependientes del Govern y sobre todo, de la forma de actuar de estas sociedades y de numerosos cargos públicos que se benefician de ellas. Y lo hemos hecho tras pelear con muchas dificultades para abrir grietas en el muy profundo muro de silencio que las rodea, producto de una especie de pacto a la siciliana que beneficia a miles de afines a los grupos de poder político, sobre todo los mayoritarios, pero también minoritarios. Nuestro trabajo no se acaba obviamente con el reportaje de hoy porque seguiremos alerta ante la evolución de este enmarañado sector público, pero es la sociedad balear quien puede utilizar ese amplio informe para exigir con fuerza a la Administración, en este caso el Govern de Bauzá, un cambio profundo en el modo de actuar, con criterio, eficacia, transparencia, garantía de servicio público e igualdad de oportunidades para trabajadores y ciudadanos en general. Las empresas públicas no pueden permanecer igual ni un sólo día más. De la intención y de las declaraciones formales se debe pasar directamente a los hechos sin que las trabas intermedias sirvan de pretexto. El president Bauzá tiene aquí una oportunidad histórica para demostrar la verdad y la eficacia de sus ideas regeneradoras y para fijar de manera indeleble la distancia con formas de gobernar de quienes le precedieron.