El Tribunal Supremo (TS) está corrigiendo casi a la desesperada el desafuero, además de garrafal error, cometido con Baltasar Garzón, al procesarlo por abrir una causa general a los crímenes cometidos durante y después de la Guerra Civil. Al aceptar la recusación de cinco de los magistrados que debían juzgarlo, entre ellos el promotor de la operación, Adolfo Prego, uno de los más duros dirigentes de la extrema derecha judicial, el TS desanda parte del camino recorrido e intenta limitar los graves daños que se inflingió al aceptar la querella de un pretendido sindicato ultraderechista. La casi unanimidad con que la Sala del TS, presidida por Carlos Dívar, ha aceptado la recusación (la única discrepancia ha sido la del presidente de la Sala de lo Militar, Angel Calderón, quien ha tenido el apoyo de otro magistrado) exhibe lo obvio: sentar en el banquillo a Garzón por tratar de encausar los crímenes del franquismo supone abrir las puertas a un escándalo de proporciones internacionales y dinamitar por mucho tiempo cualquier atisbo de prestigio del TS. Los magistrados así lo han entendido y, al aceptar las recusaciones, apartan a los más connotados enemigos del juez.

La recusación abre las puertas a que Garzón sea absuelto, porque nadie con dos dedos de frente está dispuesto a condenar a un juez, aunque se trate del odiado Garzón, por esta causa. Hay más, como la de las escuchas de la Gürtel, pero es la de los crímenes del franquismo la que amenazaba y amenaza con llevarse por delante muchas cosas, posiblemente demasiadas. Seguramente Garzón, en su condición de magistrado de la Audiencia Nacional, no era quien debía abrir la causa del franquismo y también probablemente el asunto de la fosas comunes tiene que solventarse en otras instancias; puede que sea así, pero seguro que de una vez por todas se ha de resolver. Garzón, provisto de una ambición ilimitada y de una egolatría semejante, siempre ha buscado los casos en los que podía sobresalir: GAL, ETA… Es un juez al que el brillo mediático le puede. Muchas de sus actuaciones le han conducido a ser jaleado y aborrecido a partes iguales. Los que le ensalzaron cuando instruyó los GAL y sus actuaciones contra ETA son los mismos, exactamente los mismos, que quieren acabar con su carrera por instruir la Gürtel y los crímenes del franquismo. Los mismos con idénticos apoyos en los medios de comunicación. También tiene enemigos poderosos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no precisamente y únicamente en su sector conservador: Margarita Robles, alto cargo del ministerio de Justicia en los gobiernos de Felipe González, hace tiempo que se la tiene jurada; tampoco era querido por la que fue vicepresidenta del Gobierno con Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega. En contra de Baltasar Garzón ha habido una confluencia de voluntades de muy distinto signo.

Toda batalla requiere de una estrategia para ser ganada. Si es equivocada, aunque se tenga superioridad manifiesta, se puede ir al fiasco. La batalla contra Garzón ha tenido una estrategia letal para quienes la han ideado. ¿Cómo se puede llevar a un juez, que ahora está en el Tribunal Penal Internacional, mundialmente conocido y con respaldos poderosos, ante sus pares por desenterrar los miles de cadáveres dejados por la dictadura franquista? ¿No se era consciente que hacerlo suponía darle nuevamente cobertura planetaria a lo que en España todavía no nos atrevemos a abordar? Parece que una vez más se cumple la máxima de los clásicos: los dioses ciegan a quienes van a perder. En el TS ha habido quien se ha querido pasar de listo, quien, muy pagado de si mismo, ha azuzado a los demás para, al final, dejar un rastro de magistrados con su prestigio carbonizado o, puestos a ser benévolos, seriamente disminuido.

A Baltasar Garzón, después de haber sido lo que fue con Felipe González, nunca debería habérsele permitido regresar a los tribunales y, por supuesto, abrir la causa de los GAL, que mantuvo dormida hasta que consideró que debía activarla. Garzón ha sido muchas veces un juez sectario, que ha buscado siempre sobresalir por encima de todo. Son sus credenciales. ¿Fue un oportunista al abrir la causa contra el franquismo? No hay muchas dudas. Lo que era imprevisible ha sido la torpe y absurda reacción de sus enemigos: al ir a por él han hecho política y solo política. El resultado lo tenemos a la vista: cinco magistrados del TS recusados por parcialidad manifiesta. ¿En qué estado de derecho podemos hallar un caso similar?