La alarma, justificada, parece haberse establecido entre los proveedores de bienes y servicios a los distintos estamentos de la administración autonómica. El Govern, el que se va, el anterior y por lo menos de entrada, el inminente de Bauzá, no paga a nadie prolongando de este modo unas malas prácticas contables que dejan con el agua al cuello o dilatan la agonía de abundantes empresas del archipiélago. La situación se ha vuelto tan insostenible que incluso pone en peligro ya el suministro básico a lugares tan neurálgicos como los hospitales o los colegios de la enseñanza concertada.
Primero fueron los farmacias las que, cansadas de acumular facturas, amenazaron con dejar de adelantar el importe de los medicamentos y esta última semana han sido las agencias de viaje las que han lanzado un ultimátum o los transportistas que acumulan impagos por valor de dos millones, por parte de un Govern que, en el mejor de los casos, salda sus deudas con año y medio de retraso. Mientras, reparte pagarés y certificados que los bancos ya no admiten debido a la probada insolvencia de una Administración que es la primera, con ventaja, en incumplir su ley de morosidad. Los ejemplos y testimonios se multiplican. Hasta 23 sectores empresariales diferentes consultados por este periódico han confirmado, por activa y por pasiva, que el Ejecutivo autonómico, en la práctica, se limita a reconocer deudas y solicitar el retraso en la presentación de facturas y así por lo menos no engordar una insolvencia manifiesta que se cifra por lo menos en 355 millones de euros.
El problema no es nuevo y por tanto, en términos técnicos, no puede achacarse a los 244 millones del Fondo de Competitividad previstos para Balears y retirados por la vicepresidenta Elena Salgado o los más de 300 millones bloqueados por el conseller de Hacienda en funciones, Carles Manera, con el fin de amortiguar el déficit público. No, la cuestión de fondo es otra y afecta por completo a un equilibrio presupuestario de la Comunidad, nunca tomado en serio ni respetado por el Govern de turno. La Administración no abona facturas pero está pagando ahora –mejor dicho, las están pagando sus proveedores y la ciudadanía en general– las consecuencias de unas malas prácticas consistentes en contratar servicios sin más, sin mirar más lejos que los planteamientos teóricos o la inercia burocrática. Y ya pagará el siguiente, si puede y cuando pueda.
Es un comportamiento que debe corregirse a todas luces sin demora. Por puro sentido común y porque resulta inconcebible que, en esta tierra, muchas empresas sucumban víctimas de la asfixia económica que les ocasiona la deuda reiterada, manifiesta y hasta provocadora de Govern, Consell o ayuntamientos. Con ser primordial y ahora mismo hasta urgente, no se trata tanto de liquidar cuentas o saldar deudas sobradas. El problema es mucho más hondo y sólo se acertará en la solución si se afina con el gasto en función de la necesidad de los servicios a prestar y la disponibilidad real de unas arcas públicas que ahora permanecen a la intemperie de un enorme vacío.
Los servicios esenciales de Balears no pueden correr riesgos como los que se les aproximan ahora debido a los impagos endémicos y crecientes del Govern. Se han acabado para siempre los tiempos de las alegrías económicas y los experimentos de la autonomía adolescente. No hay alternativa. Se impone la seriedad imprescindible, huyendo de lo superfluo y pomposo en beneficio del gasto racional y rentable. Todo depende de la capacidad por seguir esta hoja de ruta, desde la dotación de fondos nacionales o los procedentes de la Unión Europea, hasta la eficacia de las prestaciones sociales. El primer trabajo del Ejecutivo Bauzá será trazar y aplicar un plan de saneamiento.