La alarma, justificada, parece haberse establecido entre los proveedores de bienes y servicios a los distintos estamentos de la administración autonómica. El Govern, el que se va, el anterior y por lo menos de entrada, el inminente de Bauzá, no paga a nadie prolongando de este modo unas malas prácticas contables que dejan con el agua al cuello o dilatan la agonía de abundantes empresas del archipiélago. La situación se ha vuelto tan insostenible que incluso pone en peligro ya el suministro básico a lugares tan neurálgicos como los hospitales o los colegios de la enseñanza concertada.

Primero fueron los farmacias las que, cansadas de acumular facturas, amenazaron con dejar de adelantar el importe de los medicamentos y esta última semana han sido las agencias de viaje las que han lanzado un ultimátum o los transportistas que acumulan impagos por valor de dos millones, por parte de un Govern que, en el mejor de los casos, salda sus deudas con año y medio de retraso. Mientras, reparte pagarés y certificados que los bancos ya no admiten debido a la probada insolvencia de una Administración que es la primera, con ventaja, en incumplir su ley de morosidad. Los ejemplos y testimonios se multiplican. Hasta 23 sectores empresariales diferentes consultados por este periódico han confirmado, por activa y por pasiva, que el Ejecutivo autonómico, en la práctica, se limita a reconocer deudas y solicitar el retraso en la presentación de facturas y así por lo menos no engordar una insolvencia manifiesta que se cifra por lo menos en 355 millones de euros.

El problema no es nuevo y por tanto, en términos técnicos, no puede achacarse a los 244 millones del Fondo de Competitividad previstos para Balears y retirados por la vicepresidenta Elena Salgado o los más de 300 millones bloqueados por el conseller de Hacienda en funciones, Carles Manera, con el fin de amortiguar el déficit público. No, la cuestión de fondo es otra y afecta por completo a un equilibrio presupuestario de la Comunidad, nunca tomado en serio ni respetado por el Govern de turno. La Administración no abona facturas pero está pagando ahora ­–mejor dicho, las están pagando sus proveedores y la ciudadanía en general– las consecuencias de unas malas prácticas consistentes en contratar servicios sin más, sin mirar más lejos que los planteamientos teóricos o la inercia burocrática. Y ya pagará el siguiente, si puede y cuando pueda.

Es un comportamiento que debe corregirse a todas luces sin demora. Por puro sentido común y porque resulta inconcebible que, en esta tierra, muchas empresas sucumban víctimas de la asfixia económica que les ocasiona la deuda reiterada, manifiesta y hasta provocadora de Govern, Consell o ayuntamientos. Con ser primordial y ahora mismo hasta urgente, no se trata tanto de liquidar cuentas o saldar deudas sobradas. El problema es mucho más hondo y sólo se acertará en la solución si se afina con el gasto en función de la necesidad de los servicios a prestar y la disponibilidad real de unas arcas públicas que ahora permanecen a la intemperie de un enorme vacío.

Los servicios esenciales de Balears no pueden correr riesgos como los que se les aproximan ahora debido a los impagos endémicos y crecientes del Govern. Se han acabado para siempre los tiempos de las alegrías económicas y los experimentos de la autonomía adolescente. No hay alternativa. Se impone la seriedad imprescindible, huyendo de lo superfluo y pomposo en beneficio del gasto racional y rentable. Todo depende de la capacidad por seguir esta hoja de ruta, desde la dotación de fondos nacionales o los procedentes de la Unión Europea, hasta la eficacia de las prestaciones sociales. El primer trabajo del Ejecutivo Bauzá será trazar y aplicar un plan de saneamiento.