En una entrevista publicada por Diario de Mallorca el pasado jueves, el conseller de Economía y Hacienda, Carles Manera, ponía el dedo en la llaga, con argumentos, sobre el estado de las finanzas autonómicas y alertaba respecto a la inasumible distribución de las plantillas laborales en algunos ámbitos de la Administración. El diagnóstico no fue halagüeño ni ha gustado a los sindicatos que ya han amenazado con movilizaciones si se emprenden recortes. Manera dejó claro que a Balears no le queda más remedio que amortizar unos 700 empleos públicos al año y que la reducción de entes dotados de personal es y seguirá siendo inexcusable. Balears ha llegado a tener del orden de 170 empresas públicas, lo cual la convierte en la comunidad española más prolífica en este sentido. Todo un escándalo y un despilfarro de grueso calado porque no está justificada la relación causa efecto, ni mucho menos la repercusión de tal inversión en beneficio del ciudadano.

El conseller Manera no ha disimulado tampoco su decepción por la retirada de los 240 millones que Balears debía recibir procedentes del fondo de competitividad. Ha acusado implícitamente a la vicepresidenta Salgado de falta de lealtad y ha defendido que el Estado no puede sacudirse el déficit público de encima trasladándolo simplemente a las comunidades autónomas para desentenderse.

Los argumentos del conseller parecen basados en datos difíciles de contestar, pero la razón y la coherencia, por si solas, no producen rentabilidad ni constituyen fuentes de financiación alguna. Algo habrá que hacer. No queda más remedio que adaptarse a la realidad y actuar en consecuencia. Este es el principal y más urgente reto que tiene ante sí la administración autonómica de Balears, sea cual sea el resultado de los comicios del próximo día 22. Por eso no resulta extraño que la mayoría de programas electorales incorporen la contención del gasto y la reducción de empresas públicas. Hay que asumir que la estabilidad económica no volverá a los niveles anteriores a la crisis y que el empleo tampoco se recuperará de forma absoluta porque es imposible mantener los niveles de construcción aplicados hasta hace poco en este archipiélago.

En el caso del Govern, consells y ayuntamientos de Balears es imprescindible establecer prioridades para poder dispensar los servicios esenciales a la ciudadanía. Educación y Sanidad son irrenunciables desde la calidad y la solvencia y después habrá que mirar hasta dónde se puede llegar y el modo más adecuado de hacerlo, porque cualquier reforma que no pase por la racionalización de los puestos de trabajo desde la rentabilidad y la eficacia tendrá graves carencias y, en el mejor de los casos, resultará parcialmente estéril.

El Govern se queja con razón de la falta de lealtad de Madrid y de los límites interpuestos a la capacidad de endeudamiento, pero no deja de ser cierto que la casi absoluta precariedad no se hubiera producido de haber impedido tantos excesos en empresas y cargos públicos entendidos como mero compromiso político o afinidad de relación personal. Por eso mismo la corrección imprescindible que hay que aplicar ahora no puede ceñirse a un hecho puntual para salir del paso. Debe garantizar el establecimiento de condiciones que aseguren el gasto racional y la eficacia laboral permanente en todos los ámbitos de la Administración. Para ello se necesita capacidad de negociación y consenso sindical, porque las organizaciones de trabajadores saben que el problema tiene una enorme dimensión y también es su responsabilidad aportar alternativas.