El sistema financiero internacional está barajando la posibilidad de que Grecia no consiga recuperar el equilibro gracias al rescate de la Unión Europea y tenga finalmente que declararse en bancarrota, lo que representaría una reestructuración de deuda con una fuerte quita (se habla de hasta el 70% de la deuda, con lo que los acreedores sólo recuperarían el 30%).

Pero mientras el mundo de las finanzas realiza estas especulaciones, al fin y al cabo abstractas, la sociedad griega está exhausta. Es cierto que, en buena medida, los griegos han de responder de sus propios errores al haberse dotado de gobiernos incompetentes, que incluso falsearon las estadísticas oficiales; sin embargo, es evidente que están pagando un precio demasiado alto por su pertenencia a la Unión Europea y su incorporación al euro, circunstancia que les impide llevar a cabo una drástica devaluación de su divisa, que los empobrecería pero que les permitiría volver a empezar desde una base de partida estable, sin tantos sacrificios sociales y sin tantas incertidumbres como las que acompañarán a la sociedad de aquel país durante mucho tiempo.

La central sindical del sector público griego (AEDY) anunció este martes que se suma a la convocatoria de huelga del 11 de mayo –la segunda este año– efectuada el lunes por la confederación sindical del sector privado (GSEE), para protestar contra las nuevas medidas de austeridad anunciadas por el gobierno la semana pasada. El ejecutivo anunció el viernes un plan de privatizaciones de entre 12.000 y 16.500 millones de euros de aquí a 2013, que aumentará a 50.000 millones para 2015. En paralelo, prevé recortes presupuestarios de 26.000 millones de euros de aquí a 2015. El objetivo es reducir el déficit público, que en 2009 alcanzó 15,4% del PIB, al 1% en 2015, con el fin de ir reduciendo también la deuda, que actualmente es del 154% del PIB. Dicho compromiso es la contrapartida a un plan de ayuda financiera de 110.000 millones de euros concedido el año pasado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional para evitar la bancarrota del país.

Parece claro que Grecia ha vivido durante mucho tiempo por encima de sus posibilidades, pero también que está pagando por este error un precio demasiado alto, que no se le cobra al contado sino en forma de una dramática presión que está generando crónico malestar y peligrosa desesperanza. Y aunque los griegos son los responsables principales del desaguisado, también la Unión Europea, que no se preocupó hasta la crisis de la indispensable armonización fiscal para que el euro funcionara, tiene también alguna culpa por su clamorosa dejación de responsabilidad.

Por añadidura, el FMI y la UE imponen –a presiones de los mercados– procesos de convergencia rápidos (ya se ve que Grecia debe alcanzar el equilibrio en 2015) que son por ello mismo muy dolorosos, cuando a los Estados Unidos, por ejemplo, también muy desequilibrados, se les tolera todo. Las comparaciones son odiosas y, probablemente, impertinentes, pero habría que ver si no sería más realista y menos gravoso para Grecia auspiciar su salida del euro para que el país pudiera llevar a cabo el ajuste con menos constricciones para readmitirla luego, pasado el tiempo, ya con una economía estabilizada y con una Unión totalmente federalizada y con una verdadera política económica común, contrapunto de la política monetaria independiente que seguiría dictando el BCE.