El teléfono turístico no servia para nada. Esta es la primera afirmación, contundente y contrastada, que se puede hacer una vez vista la operatividad del artilugio ideado por el Consell de Maria Antònia Munar y después endosado al Govern, por vía de la conselleria de Turismo de Francesc Buils y más en concreto la empresa pública Inestur. Resultaba inútil porque nadie marcaba su desconocida numeración en busca de información sobre los encantos de Balears. Tampoco respondía a la oferta de su creación porque, a la vista del fracaso, no estaba operativo con la ininterrupción prometida.

El teléfono callado y no publicitado, frente a un servicio potencial desmesurado, se quedaría en mera anécdota y chirrido desagradable de la ineficacia administrativa y política, de no ser por su alto coste y los irregulares apaños de presunta conveniencia o interés personal que ha llegado a comportar. Algunas confesiones de arrepentidos del caso Voltor permiten concluir ahora que el Govern llegó a desembolsar un millón de euros, a los que hay que sumar los gastos de mantenimiento, por este sofisticado teléfono turístico multilingüe que nadie alcanzó a utilizar y, todo hay que decirlo, tampoco nadie tenía el menor entusiasmo en que resultará operativo y práctico.

Eugenio Losada, en su día gerente del Consorcio de Informática del Consell de Mallorca, ha asegurado al juez del caso Voltor que recibió un soborno de 30.000 euros, ya devueltos, de Minser, una empresa vinculada a Unió Mallorquina y adjudicataria de varios servicios públicos. En la operación desvelada median convites por parte de los beneficiarios a cargos del Consell para viajar a Dallas y conocer la utilidad del servicio inutilizado aquí y las maniobras del ex conseller Buils para crear y adjudicar el estéril teléfono turístico y después, aún inoperativo, reconducirlo, mediante concursos amañados o fingidos, hacia el Govern. Los dos empresarios de Minser han negado los sobornos que se les imputan y, a pesar de haber incurrido en algunas contradicciones, han defendido la calidad y solvencia de su producto cuyo fracaso sólo atribuyen a la falta de promoción institucional.

Visto el desarrollo de los hechos, habrá que modificar la afirmación inicial de que el teléfono turístico no servía para nada. Cierto que no puso al corriente de ofertas de ocio, descanso, alojamiento, transporte o precios en Balears a sus interlocutores potenciales, pero bien mirado, a fin de cuentas, ha acabado prestando un servicio útil a los residentes en las islas, aunque sea con un plus añadido de indignación, desencanto y decepción. El caro silencio del teléfono turístico ha resultado altamente elocuente.

Ha acabado por desvelar, o confirmar mejor dicho, cómo se han estado haciendo las cosas durante mucho tiempo en el seno de la administración autonómica de esta tierra y lo poco que les ha importando a buena parte de sus responsables, el beneficio y la utilidad pública en contraste con el alto interés hacia el lucro particular. El teléfono turístico fue directamente un escándalo y un abuso que sólo puede explicarse y en ningún supuesto justificarse, desde la ambición personal de quienes se integran en las instituciones de manera errática. La acción de la Justicia termina sirviendo por lo menos de escarmiento. La aparición de los arrepentidos, como en el caso de Eugenio Losada, permite albergar la esperanza de que algo, aunque poco y tarde, se va reparando y corrigiendo con tiempo, paciencia y presión.