La aprobación por las Cortes de los presupuestos del Estado para 2011, que garantizan la supervivencia del gobierno de Rodríguez Zapatero hasta el final de la legislatura, ha sido posible por los votos favorables de dos partidos nacionalistas, PNV y CC. A cambio, como siempre, de transferencia de competencias y de inversiones del Estado en País Vasco y Canarias. Lo cual, teniendo en cuenta la similar dependencia turística y del transporte aéreo de Canarias y Balears, y la cicatería con el descuento a residentes –se ha rebajado el monto total respecto al presupuesto de 2010, quedando en el aire su suficiencia–, aumenta el sentimiento generalizado de agravio comparativo entre los ciudadanos y el sector turístico de estas islas.
La lectura diáfana e inconfesable que se desprende de los acuerdos a que ha llegado el gobierno, como cada vez que un partido estatalista, sea el PSOE, sea el PP, ha necesitado votos ajenos para aprobar el presupuesto o para conseguir una investidura en el parlamento, podría ser una exhortación tal como la siguiente:
Ciudadano/a del País Vasco, de Cataluña, de Canarias, de Balears…, si quiere usted acceder a mejores condiciones de vida, mejores infraestructuras viarias, aeroportuarias, más competencias sobre su territorio y su población, no lo dude, deje de votarnos a nosotros, los partidos que nos proclamamos defensores de los intereses generales; voten al partido nacionalista de su comunidad autónoma, porque este partido, aunque puede que incurra en algún episodio de corrupción, como el caso Pallerols, o el caso Palau de la Música en Cataluña o los casos can Domenge, Maquillaje, son Oms en Balears, –es ésta una característica de la mayoría de los partidos en España, como acreditan los casos Filesa, Gürtel, Naseiro, Govern Balear de Jaume Matas, Govern de la Generalitat Valenciana, que afectaron a los partidos estatalistas–, no es que tenga la posibilidad, sino que de hecho procura mejor bienestar a sus ciudadanos, como se ha visto en nuestra historia reciente. ¿Y esto por qué? Porque los partidos nacionalistas, que no tienen ninguna posibilidad de encabezar el gobierno de España (su propia existencia deriva de una identidad diferenciada –en algún caso enfrentada–, de la española), no promueven en el parlamento español sino las condiciones que refuerzan su presencia en la comunidad autónoma respectiva. Su motivación prioritaria son los intereses particulares de su comunidad, como ha dicho Paulino Rivero, presidente de Canarias. Y gracias al sistema electoral que disfrutamos, tienen la llave de la gobernabilidad del Estado y de sus presupuestos, pueden forzarnos a nosotros, que defendemos retóricamente la igualdad de los españoles, a defender en la práctica la diferencia entre unos y otros. Nuestra propia existencia, que se basa en la defensa de los intereses generales, pasa porque defendamos los particulares.
De esta manera conseguiremos la sustitución generalizada –porque, al final, los ciudadanos no van a ser tan tontos como para autolesionarse con sus votos de forma permanente–, de los partidos estatalistas por partidos nacionalistas. Vamos a sustituir las emociones de la razón por la razón de las emociones. Al final sólo habrá partidos nacionalistas y diecisiete naciones y será posible aplicar el principio de que a cada nación le corresponde un Estado. Y si Portugal se suma, podremos formar los Estados Confederados Ibéricos, o no, cada uno por su cuenta. Alguien podría maliciarse con la cuestión sintáctica de cómo podemos defender los intereses generales defendiendo los particulares. La respuesta es muy sencilla. Los intereses generales que realmente defendemos no son los de los ciudadanos españoles, sino los de los dirigentes de los partidos mayoritarios españoles, lo que constituye la élite de la clase política del país, gente necesitada y muy profesional, sin ligaduras ideológicas, que se irá trasvasando paulatinamente de los partidos estatales a los nacionalistas.
Acabamos de aprobar, PSOE, PP, PNV y CiU, en la subcomisión parlamentaria de reforma de la Ley Electoral unas conclusiones que serán incorporadas a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Dichas conclusiones mejorarán algunos aspectos técnicos fundamentales: el elector y no el presidente de mesa introducirá el sobre con el voto en la urna y reforzarán el sistema actual de listas bloqueadas y cerradas, dificultando la existencia de tránsfugas. Dos años de trabajos han sido necesarios para tan trascendente labor, que imprimirá aún más velocidad a este proceso dirigido a que cada ciudadano incremente su bienestar y vibre con la satisfacción de haber conjugado identidad y razón. Ayúdenos a acelerarlo, vote nacionalista.
