FRANCISCO MURO DE ISCAR
No ha sido un buen verano para los derechos humanos en el mundo y no parece que el otoño vaya a ser mejor. No progresamos adecuadamente en una asignatura esencial para una sociedad democrática que sólo esporádicamente muestra su compromiso con los derechos humanos y con quienes padecen su violación permanente. No es un mundo justo ni solidario el que permite hechos como los que están sucediendo en Irán o en Marruecos, pero también en Francia. No cumplen su función informativa ni social unos medios de comunicación que denuncian esas violaciones y luego las olvidan. Sin una denuncia permanente y una información comprometida, los gobiernos y los grupos que violan esos derechos permanecerán siempre en la impunidad.
Son demasiados los casos recientes. En Irán, Sakineh Asthiani sigue encarcelada y, aunque no sea lapidada –en pleno siglo XXI siguen lapidando a mujeres o practicándoles la ablación– puede ser ejecutada en cualquier momento por haber cometido un supuesto adulterio. A Sakineh la han obligado a denunciar a su abogado y éste ha tenido que huir de Irán y refugiarse en Noruega, dejando en su país a toda su familia. La prensa iraní ha calificado de "puta" a Carla Bruni por defenderla. Y el mundo guarda silencio. En China, el presidente Zapatero ha ido a hacer negocios, lo que está bien, y no ha pronunciado una sola palabra sobre la violación de los derechos humanos en ese país. Y el mundo guarda silencio. En Venezuela ha muerto un opositor a Chávez, que también ha lanzado ya las cartillas de racionamiento, y los medios de comunicación están amordazados. Y el mundo guarda silencio. En Cuba, Leire Pajín y Elena Valenciano han dado un espaldarazo a la dictadura cubana y aunque se han entrevistado con el cardenal de La Habana, no han tenido tiempo de reunirse con la acosada y perseguida oposición.
El Gobierno español ha preferido creer al Gobierno de Marruecos que a los ciudadanos españoles que fueron a El Aaiún a protestar por la política marroquí contra los saharauis. Es un gesto consecuente con el abandono de la causa saharaui y de la dignidad de ese pueblo que desde 1975 vienen manteniendo los gobiernos españoles. Y en Francia, el gobierno de Sarkozy ha emprendido la persecución y expulsión de territorio francés de la etnia romaní o gitana, obligándoles a firmar un documento en el que reconocen su salida "voluntaria" del país a cambio de 300 euros. Ni la condena del Consejo de Europa o del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, de la Iglesia católica y de las ONG ha servido para que Francia renuncie a esa expulsión colectiva que viola el derecho de la Unión Europea en materia de libre circulación de personas y que discrimina a unos ciudadanos por su raza. Al criminalizar a estos ciudadanos europeos, Francia ha inaugurado un camino enormemente injusto y peligroso. Y Europa y el mundo guardan silencio.