Una prohibición identitaria

ANTONIO PAPELL Finalmente se ha producido el desaguisado: el Parlamento de Cataluña, en un gesto de sectarismo autoritario imposible de desvincular de los últimos acontecimientos políticos, ha prohibido la fiesta de los toros. El "prohibido prohibir" que lucía en los muros de Nanterre en el ya legendario 68 y que en aquellos años oscuros era en España un oculto desiderátum democrático se ha desvanecido bruscamente en una de las regiones más cultas y desarrolladas de España, Cataluña, a manos de una clase política incompetente que, de un tiempo a esta parte, ha hecho de la cuestión identitaria preocupación preferente. Aunque nunca, en toda su historia, fue Cataluña tan dueña de su destino como lo es hoy.
El resultado de la votación de ayer es conocido: 68 diputados han apoyado la prohibición, 55 se han pronunciado en contra y 9 se han abstenido. Como era de esperar, han sido los noes de diputados del PSC y de CiU los que han decantado la balanza hacia la prohibición. Curiosamente, se mantienen los polémicos correbous y correllaç y la suelta de toros y vaquillas que no impliquen la muerte (pero sí el maltrato) del animal.
Lo grave de todo este asunto es que, en plena crisis económica y a las puertas de agosto, la política catalana, que ayer vivió una jornada tensa y crispada, no se acompasa con la sobria y serena opinión pública. En Cataluña hay, como en todas partes, grupos de aficionados a los toros y grupos de militantes contra el maltrato animal que detestan la fiesta. Unos y otros son sin duda minoritarios. Y la inmensa mayoría ve con indiferencia un debate que no le atañe. No derramarán apenas lágrimas por el objeto de la prohibición pero seguramente habrá preocupación por el hecho de que los representantes de la ciudadanía limiten libertades, tan sólo para demostrar a "los españoles" que son cada vez más distintos de ellos y que están decididos a ponerlo de manifiesto.
Ese sectarismo de algunos, secundado por el papanatismo de bastantes más –mucho va a tener que explicar el PSOE por el voto prohibicionista de parte de los diputados del PSC-, no hace sin embargo mella en la gran mayoría. En aparente paradoja, el porcentaje de ciudadanos de Cataluña que dice utilizar el catalán como lengua habitual desciende en lugar de aumentar a pesar de que desde 2003 la política lingüística dirigida por el republicano Carod-Rovira, número dos de la Generalitat, ha invertido 200 millones de euros en la extensión del idioma: en 2003, eran el 46% y en la actualidad, el 35,6%. El factor decisivo ha sido el hecho gozoso de que quienes afirman hablar indistintamente catalán y castellano han aumentado con rapidez: eran el 4,7% en 2003 y ahora son el 12% de la población. Pese a los esfuerzos de los sectarios, la ciudadanía es capaz de ver las ventajas y la riqueza del bilingüismo.

De nada sirve, en fin, intentar convencer a los obtusos políticos catalanes de que la prohibición de los toros es, además de una arbitrariedad incompatible con la democracia, una grave agresión a la cultura catalana, como ha dicho con valentía Pere Gimferrer. Lo único importante para quienes han conseguido esta gran gesta es imaginar que han abofeteado así al Estado español. Y seguro que ni siquiera se habrán percatado de que esta actitud es, además de necia, profundamente ridícula.