Esta pasada semana, las dos centrales sindicales, que se han reunido con altos cargos de Fomento, y los empresarios del sector de la construcción han mostrado su preocupación por el severo recorte de la inversión pública incluido en el plan de ajuste del Gobierno, y que representará en dicho Departamento una reducción de 6.400 millones de euros en el gasto en infraestructuras en dos años. Según los sindicatos, tal rebaja podría representar una destrucción de unos cien mil puestos de trabajo como mínimo.

En realidad, esta situación indeseable era perfectamente previsible y estaba implícita en la política de ajuste duro adoptada por la Unión Europea, a instancias sobre todo de Alemania. Como es conocido, Berlín ha impuesto a todos los países de la Eurozona rígidos planes de recorte presupuestario que aseguren el cumplimiento del Pacto de Estabilidad en 2013. En concreto, España deberá conseguir un déficit máximo del 6% en 2011, y para ello ha sido necesario recortar 15.000 millones de euros que afectan a los salarios públicos, a las pensiones y a la inversión. No es difícil pronosticar que esta política, unida al innecesario plan de ajuste que está poniendo en marcha sin necesidad la propia Alemania –80.000 millones de euros–, no sólo dificultará el crecimiento de la UE sino que devolverá a varios países, entre ellos España, a la recesión: es previsible que nuestro país registre tasas de crecimiento levemente negativas en los dos últimos trimestres de este año.

Como es conocido, esta cuestión fue debatida en la última reunión del G-20, el pasado mes: Obama, que mantiene todavía los estímulos fiscales en su país pese a haber alcanzado tasas de crecimiento de más del 3%, no consiguió que Europa revisase su drástica decisión de eliminar absolutamente los estímulos y comenzar, antes de tiempo, el ajuste duro. Ello condena a Europa a una larga travesía del desierto, y a un padecimiento adicional de las sociedades nacionales de la UE. El Nobel Krugman, entre otros, ha criticado con severidad la pusilanimidad de la señora Merkel, quien, presionada por los liberales del FDP con los que gobierna, está más atenta a su propia estabilidad parlamentaria que a los deberes politicos de su país como "locomotora" de la UE.

El problema español, inscrito lógicamente en su contexto, tiene mal arreglo, pero el Gobierno está en la obligación de activar todos los mecanismos disponibles para mantener la máxima inversión. En concreto, deberá agilizar el Plan Extraordinario de Infraestructuras, con participación privada, que tropieza con problemas de financiación, e impulsar el plan de rehabilitación de viviendas y edificios públicos que, según la patronal, no arrancará si no se reforman algunos aspectos, y, en concreto, el límite máximo de renta a partir del cual no se pueden desgravar los gastos (53.000 euros anuales actualmente). Además, los empresarios sugieren que se implanten nuevos peajes y que se implemente la "euroviñeta" –la tasa a los camiones por uso de infraestructuras– para conseguir recursos que palien la escasez.

Estas acciones, puramente paliativas, no podrán reparar del todo el vacío causado por el plan de austeridad pero sí minimizarán el problema si se acometen con suficiente intensidad. Todo ello al margen de que, si prospera la oleada económica ascendente, se puedan revisar más adelante, con permiso de la UE, los ritmos de reducción del déficit para que la Unión regrese cuanto antes a unos crecimientos aceptables que nos saquen del desempleo y de la depresión.