El Consejo Europeo del jueves, último del semestre bajo presidencia española, parece haber convalidado los esfuerzos españoles por remontar la crisis al paso marcado por el consenso conservador que hoy domina la Unión Europea. Rodríguez Zapatero, en efecto, comparecía con los "deberes" muy avanzados: el ajuste económico del 1,5% del PIB había merecido el respaldo de la Comisión (con la exigencia de más aclaraciones sobre la reducción del gasto en 2011), la reforma laboral que rompía el larguísimo bloqueo de la negociación social había sido aprobada por decreto-ley la víspera y se ha anunciado ya la inminente convocatoria del Pacto de Toledo para introducir cambios realistas que aseguren la sostenibilidad de las pensiones. Por añadidura, el presidente del Gobierno tuvo ocasión de marcar la agenda en una cuestión trascendental: pudo alardear ante el Consejo de la magnífica situación del sistema financiero español y logró de sus socios la publicación de los datos de las pruebas de resistencia de los principales bancos. Este ejercicio de transparencia, que nos prestigia –nuestros bancos son modélicos, gracias al buen hacer de los banqueros y a la regulación impuesta desde hace décadas por el Banco de España–, tiene además la virtud de acallar los rumores sobre la insolvencia de nuestro sistema financiero, lo que a su vez da viabilidad a todo el proceso de recuperación, que pasa por una refinanciación razonable de la deuda.

La evidencia objetiva de que la dirección emprendida por España es sustancialmente correcta fue destacada explícitamente no sólo por Van Rompuy, en nombre de los Veintisiete, sino por Merkel –quien la víspera se había entrevistado con Rajoy– y por Sarkozy. Cameron, por su parte, no sólo elogió las medidas españolas sino que declaró que se disponía a emprender un recorrido semejante. Todo ello da un balón de oxígeno al Gobierno pero sobre todo sirve para tranquilizar a los mercados y a los propios actores del proceso económico español, que han de ser –no se olvide– quienes con su reacción pongan en pie a este país.

Hay ya pocas dudas sobre la convalidación el martes de la reforma laboral. Atinadamente, CiU, que fue muy crítica con la propuesta gubernamental, argumenta ahora que lo lógico es, efectivamente, facilitar su tramitación sin prisas como ley ordinaria. Y el PP, siempre pendiente de cómo preservar mejor sus propias expectativas electorales, parece decantarse hacia la abstención. En cualquier caso, el efecto psicológico de la reforma –ulterior al significativo fracaso de la huelga en el sector público– está logrado.

Es de suponer que esta evolución de la situación española acallará los infundados rumores centroeuropeos y británicos sobre la inminente bancarrota española, que generan alarma y elevan el diferencial de la deuda española con respecto a la alemana. Resulta innegable la hostilidad ideológica del núcleo duro de la UE hacia el Gobierno de Zapatero, el último socialdemócrata de los países grandes de la Eurozona; sin embargo, parece que Merkel ha comenzado a entender lo arriesgado de cualquier campaña de desestabilización hacia nuestro país ya que una hipotética suspensión de pagos pasaría también elevadísima factura a Alemania y a la banca germana. Para bien y para mal, el barco europeo es un solo y la cohesión interior debe siempre prevalecer sobre las rivalidades ideológicas entre gobiernos de diferente signo.