La presidenta del TC ha reaccionado al rechazo de quinto borrador de sentencia sobre el Estatut, redactado por la magistrada Elisa Pérez Vera, designando a un nuevo ponente, Guillermo Jiménez, el más moderado de los conservadores, para que redacte un nuevo proyecto de sentencia en el plazo de quince días. Es sin embargo improbable que lo que no ha sido posible en este dilatado período se consiga en unas pocas semanas. En este caso, si la resolución no se logra con gran rapidez, es claro que habría que aplazarla hasta después de la consulta autonómica.

Así las cosas, no es teóricamente descabellada la posición del presidente de la Generalitat, Montilla, y de otros líderes catalanes que exigen que se produzca de inmediato la renovación del Tribunal. Exigencia que no atenderá el PP porque va contra sus lógicos intereses, y que no puede forzarse, como se ha insinuado, mediante una recusación de quienes han cumplido hace tiempo su mandato de nueve años. En efecto, el art. 17.2 de la ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice expresamente que "los magistrados […] continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta que hayan tomado posesión quienes hubieren de sucederles".

Como es conocido, los magistrados que deberían haber sido renovados hace más de dos años son la presidenta Casas, el vicepresidente Jiménez, Jorge Rodríguez Zapata y Vicente Conde; y también habría que provisionar la vacante dejada por el fallecido Roberto García-Calvo. Pues bien, todos ellos salvo Casas fueron propuestos por el PP cuando este partido disponía de mayoría parlamentaria, de forma que la renovación cambiaría claramente la correlación de fuerzas en el seno del tribunal en beneficio del PSOE. El próximo noviembre concluyen mandato los progresistas Pérez Vera y Gay y el conservador Delgado (el cuarto al que le correspondería cesar sería García-Calvo); tampoco entonces podría conservar el PP su actual posición.

En realidad, los sectores progresistas atribuyen este último fracaso a la ´traición´ de Manuel Aragón, catedrático de Derecho Constitucional, designado a propuesta del Gobierno Zapatero y claro aspirante a presidir próximamente el TC. En medios socialistas, se recuerda que, aunque se le consideraba cercano al PSOE, aceptó ser presidente del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid durante los ocho años anteriores a su nombramiento como magistrado. Ayer, Aragón respondía airadamente en carta a "El País" a tales acusaciones; sostiene el magistrado que él no ha variado de posición desde hace dos años, por lo que su negativa a respaldar el texto de la ponencia se ha debido a que no se han incorporado a él sus tesis.

El fracaso de este último intento, que se ha producido cuando ya habían transcurrido ya 1.346 días de vigencia del Estatuto, justifica la irritación de las fuerzas políticas catalanas. Y deja al "tripartito" y al presidente Rodríguez Zapatero en evidencia y al pie de los caballos. En todo caso, gracias al bloqueo del PP, los diez magistrados supervivientes tienen jurídicamente la sartén por el mango. Y gestionarán el asunto como crean conveniente. Aunque muchos piensen que la única salida honrosa después de esta clamorosa demostración de incompetencia es la dimisión.