La caja pública, desvalijada

SEBASTIÁ VERD A medida que avanza la instrucción de los casos Voltor y Maquillaje se hace más evidente el modo de operar que Unió Mallorquina puso en práctica desde las instituciones. Ya no se trataba de repartir subvenciones entre las personas y asociaciones afines o, en algún caso, de beneficiar al bolsillo propio, sino de perpetuarse en el poder financiando las campañas electorales con dinero público. Así de claro, tal como ha confirmado ante el juez la secretaria general técnica de la vicepresidencia del Consell de Mallorca durante la pasada legislatura. Eugènia Cañellas ratificó que no menos de cuarenta militantes del partido de Maria Antònia Munar habrían sido colocados en Cilma (el consorcio de informática del Consell de Mallorca), dependiente del Consell, o en empresas subvencionadas como Vídeo U o Minser. En un sentido nada figurado, UM habría desvalijado la caja pública, por lo que además de malversación, cohecho, soborno y toda la retahíla de delitos anejos, los principales implicados en estos casos de corrupción habrían incurrido en delitos electorales.
Todo lleva a pensar que este modo de operar fue constante en todas las instituciones, consellerias o empresas públicas que UM ha administrado a lo largo de su historia. Unió Mallorquina es un partido relativamente pequeño y de ámbito insular, que no cuenta con los medios que tienen los grandes partidos estatales, una situación que, probablemente, sirvió de excusa para tejer una red clientelar que se aprovechaba de los altos presupuestos que la condición de bisagra ponía en su mano. Todo esto se sabía y, por eso, ni PP ni PSOE ni Bloc, en esta legislatura, se extrañaron cuando UM exigió como contrapartidas al pacto administrar toda la caja del Consell o determinadas consellerias con mucho presupuesto para subvenciones. En la pasada legislatura (Maquillaje) se utilizó para la creación de la TV de Mallorca para, a través de Vídeo U, poner en práctica esta estrategia de distracción, mientras que en ésta (Voltor) se habría utilizado la conselleria de Turismo.
Entre uno y otro caso aparece, prácticamente en su totalidad, la cúpula directiva de UM de los últimos años. Muchos en el partido dicen estar sorprendidos ante la gravedad de los hechos o se sienten perseguidos por una acción judicial que creen es una persecución política, porque desde siempre UM había colocado a sus allegados y porque pensaban que no había nada malo en ello. De hecho, en un documento incautado por el juez del caso Maquillaje desde UM se habla de los fondos públicos como "de nuestro dinero", en referencia al pago de más de 320.000 euros cuyo destino eran los bolsillos de afiliados al partido. En este mismo sentido, Eugènia Cañellas, la última arrepentida, declaro ayer que no creía hacer nada malo cuando actuaba de intermediaria entre Nadal y las empresas que tenían que emplear a los militantes de UM.

Sin embargo, ahí está la Justicia para aclarar las ideas y denunciar los hechos como lo que realmente parecen ser, delitos como la copa de un pino. Menos mal que ante tantas idas sin retorno de dinero público los jueces empiezan a imponer contrapartidas. Sólo ayer, el ministerio de Justicia ingresó 750.000 euros en fianzas para eludir momentáneamente la cárcel. 350.000 eran de Maria Antònia Munar y el resto de los últimos imputados en el caso Voltor, Buils, Farrús y los dos directivos de Miinser.