PEDRO VILLALAR
Hemos asistido a un pintoresco examen público por parte del CGPJ a unos jueces barbados y experimentados que concurrían a la presidencia de una institución judicial. En general, estos alardes improvisados no salen bien: a nada conduce desacralizar la figura del juez haciendo hincapié en sus rasgos más humanos y en sus debilidades más visibles. Pero lo increíble es que uno de los miembros del Consejo General del Poder Judicial haya justificado el espectáculo con el argumento de que el órgano de gobierno de los jueces está interesado en eliminar el mal cartel que tiene hoy la Justicia en este país. Quien crea que piruetas de esta índole impresionan a la opinión pública no tiene idea de dónde vive y, desde luego, carece de las dotes necesarias para estar al frente de las instituciones. En todo caso, y por si fuera preciso, conviene recordar que el descrédito del estamento judicial proviene de la facilidad con que sus señorías aceptan etiquetas ideológicas (y partidarias, en muchos casos); de la obediencia política con que se conducen en los órganos colegiados; de la inepcia que se desprende de retrasos inexplicables, como los que acumula en Tribunal Constitucional; del sectarismo que se desprende de algunas actuaciones poco inteligibles. La solvencia no se consigue con rituales sino con una ejecutoria digna y sobria. Y esto es lo que falta.