PEDRO VILLALAR
El Estatuto de Castilla-La Mancha sigue bloqueado por causa del agua. En pleno furor particularista, las fuerzas políticas castellano-manchegas llegaron a exigir la clausura del trasvase Tajo-Segura; ahora la pugna se mantiene en torno de una hipotética reserva semejante a la que, contra toda razón y probablemente al margen de la Constitución, ha conseguido Aragón en su nuevo Estatuto. La prensa informaba ayer de que Barreda "aceptaría bajar de 6.000 a 4.000 hectómetros [cúbicos] la reserva de agua".
El espectáculo de este regateo es no sólo políticamente inmoral sino verdaderamente escatológico. Es lamentable que, a estas alturas del desarrollo democrático, hayamos de recordar que los recursos hídricos de un Estado son patrimonio común y que los debates deben versar sobre cómo conseguir un reparto más eficiente y equitativo y no sobre cómo gestionar el acaparamiento preventivo. No hace falta invocar el patriotismo para exigir que cese el regateo: bastaría con invocar el espíritu constitucional para marginar a quienes escenifican este delirante tira y afloja.