Denigrante y ofensivo

LLORENÇ RIERA Entre la iniciativa privada y la pública, desde hace unos años –no excesivos– se ha emprendido en el conjunto de Mallorca una importante labor de creación de residencias y centros asistenciales, de distinto grado, destinados a los ancianos. No es un hecho fortuito o la respuesta a una determinada moda. Resulta más bien la respuesta a una necesidad y a una demanda social evidente y que va asociada directamente a una esperanza de vida creciente y a los comportamientos colectivos y laborales al uso.
Sin embargo y en contra de lo que se hubiera podido esperar, esta consolidación de la red asistencial destinada a los ancianos, está topando con notables dificultades ajenas a la mera generación de infraestructuras o equipamientos profesionales. A estas alturas ya parece claro que más de un desaprensivo y oportunista, sin escrúpulos por lo que respecta a la dignidad humana, ha interferido en estos asuntos en busca de beneficio propio.
Hace pocos meses asistimos al lamentable episodio de la residencia pública de Inca, cuyos moradores no recibían la asistencia sanitaria elemental, hecho que obligó al Govern a cambiar de concesionarios. Sabemos de casos, como Santanyí, con obra acabada y concesionario expedientado por falta de apertura. La de Montuïri se acaba de abrir con enorme retraso y en Sant Joan todo transcurrirá también fuera de plazo. Por si todo ello fuera poco, ahora estamos asistiendo a un episodio mucho más grave en Porreres. Los ancianos de la nueva residencia privada del municipio carecen incluso de alimentos para el sustento diario y de asistencia médica elemental. Es un centro abierto con bombo y platillo el pasado mes de abril y ante el cual, pese a su carácter privado, el Ayuntamiento no reprimió su orgullo. El mismo consistorio firmó un acuerdo con la empresa gestora de la residencia, Uco Piqalba Propertiers, para que se encargara del servicio domiciliario de comidas para ancianos del municipio.

Sin embargo, ahora el alcalde, que reconoce deudas municipales en esta cuestión, parece impermeabilizarse ante la grave problemática surgida y dice que todo se reduce a un conflicto entre empresas "del que estamos al margen". Es posible, pero aquí, desde el punto de vista de la dignidad humana, de la urgencia más inmediata y de las exigencias incluso legales, lo que verdaderamente importa es que hay un grupo de ancianos que pagan entre 1.600 y 2.600 euros al mes y que, pese a ello, no disponen ni de médico ni de comida. Dependen de la generosidad de unos trabajadores que tampoco cobran. Un ayuntamiento no puede permanecer impasible ante esta situación ni mantenerla al margen de sus Servicios Sociales elementales. Por eso extraña y produce un cierto escalofrío la reacción de Bernat Bauçà.
Con los incidentes experimentados hasta ahora, resulta evidente que algo falla en la concesión y posterior control de las residencias de ancianos en Mallorca, sean públicas o privadas. Habrá que revisar y mejorar el sistema. Por respeto y dignidad humana.