Lo peor está por llegar

SEBASTIÀ VERD La citación de Matas para comparecer ante la Justicia y la dimisión de Maria Antònia Munar, arrastrados por idénticas o parecidas olas de corrupción, supusieron un punto y aparte en la política balear. Sin embargo, lo peor todavía está por llegar. Matas debe ir al juzgado la semana próxima y ayer, una Maria Antònia Munar absolutamente desconocida, sin el aura provocadora de otras ocasiones, salió muy malparada de su encuentro con el juez y los fiscales del caso Maquillaje. Lo negó todo. Todas y cada una de las acusaciones que han hecho en su contra los arrepentidos, sobre todo Miquel Nadal. Pero no convenció al juez, que le ha impuesto una fianza de 350.000 euros para eludir la prisión y otra de 2´5 millones de responsabilidad civil. Es menos de lo que reclamaban los fiscales, pero con todo son cifras extraordinariamente altas, lo que explica el rostro traspuesto de la imputada, pero que se justifica por las matemáticas judiciales, de acuerdo con lo que se habría malversado, y por el hecho indiscutible de que ella era la presidenta, a la que todos, amigos y enemigos, rendían cuentas.
Lo que cada vez está más claro, es que con las causas en marcha se acabará desmontado un entramado político que legislatura tras legislatura había impuesto sus propias normas, con unos políticos que creían estar por encima de las leyes o que, como se ha puesto en evidencia, pretendían adaptarlas a sus intereses de partido o privados. Una red en la que estaban no sólo políticos, sino empresarios, abogados y periodistas en busca de subvenciones millonarias o de un sueldo público. Maria Antònia Munar, como Matas, parecía intocable y, sin embargo, quien no hace un mes era la segunda autoridad de las islas, es ahora una presunta delincuente, que habría cometido delitos de negociaciones prohibidas, malversación, prevaricación, falsedad y soborno, además de un delito electoral. En este sentido, Maria Antònia Munar, con independencia del veredicto definitivo, tendrá el final más temido por todos los políticos: el de verse sentada en el banquillo.
De nada le ha servido, de momento, su discurso exculpatorio, en el que dijo sentirse víctima de una conspiración, dentro y fuera de su partido. Y de no tener nada que ver con Vídeo U, productora a la que Matas habría vetado y que, sin embargo, sirvió –previa compra de la mitad de las acciones por gente de su partido– para lanzar la Televisión de Mallorca como alternativa de UM a una IB3 controlada por el PP. Ha caído, acompañada de quienes, según los fiscales, habrían transformado el partido político en algo así como una fábrica de corrupción. Se sabía que era una agencia de colocación y que utilizó el Consell como repartidora, pero lo que está saliendo a la luz, y que ella niega, es aún peor. A la presunta financiación ilegal se une, como hemos subrayado, el delito electoral. Es la primera vez, en los casos recientes, que aparece esta figura y, curiosamente, por partida doble. También Jacint Farrús, que tiene bajo su responsabilidad empresarial los informativos de IB3, fue acusado ayer de haber cometido un delito electoral dentro de la operación Voltor.

Con todo lo que está cayendo, es inevitable pensar que lo peor está todavía por llegar. La Justicia trata de poner en su sitio a los políticos que se habrían corrompido y de enfrentarse a la temida verdad, pero lo más difícil será que la sociedad mallorquina cambie el chip y deje de ser tolerante, como ha sido hasta ahora, con las prácticas caciquiles que nos han llevado a la situación actual.