Voltor, operación de altos vuelos

SEBASTIÀ VERD Quien fuera el primer conseller de Turismo en esta legislatura, Francesc Buils y el empresario de medios de comunicación, Jacint Farrús, han dormido esta noche en los calabozos después de su detención por el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía. Se les acusa de amañar concursos para hacerse con la adjudicación de servicios públicos, de malversar fondos y de fraude dentro de la llamada operación Voltor, por la que a principios del mes pasado se detuvo a dos altos cargos de la conselleria de Turismo, ambos de UM, como Buils, lo que motivó que Antich expulsara a este partido del Govern y rompiera el pacto que le garantizaba la mayoría parlamentaria. La de ayer, fue la segunda fase de dicha operación, que no sólo pone en evidencia el modo de operar de UM sino, sobre todo, la falta de control de las empresas públicas y, de un modo particular, las relaciones entre el poder y determinados medios de comunicación.
No es la primera vez que la Fiscalía saca a la luz la contratación a dedo por las administraciones públicas de determinados servicios periodísticos o la compra mediante subvenciones millonarias de fidelidades o apoyos mediáticos. En este sentido, el arresto de Farrús es un paso más, aunque los negocios de este conocido empresario no se limiten a los medios de comunicación sino que abarcan otras múltiples actividades. Sin embargo, que sea el propietario de Canal 4 y el adjudicatario de los servicios informativos de IB3, a través de la empresa SBT, no puede pasar desapercibido. De hecho, los agentes judiciales registraron ayer la sede que el grupo tiene en el ParcBit en busca de documentación comprometida, con excepción de las dependencias que ocupan los periodistas de la televisión pública. En esta ocasión no se implica directamente a IB3, cuya titularidad es de la comunidad autónoma, pero eso es lo de menos cuando la externacionalización de los servicios informativos de una televisión pública ya es escandalosa por sí misma.
Nadie discute la necesidad de una radio y televisión pública, tanto la del Consell de Mallorca (puesta en entredicho por el caso Maquillaje) como de IB3, pero es evidente que en su creación intervinieron intereses que nada tienen que ver con el servicio público, desde el control del poder por los partidos de turno, al aprovechamiento del costoso financiamiento del medio para sacar el máximo provecho propio. Las televisiones, como todas las otras empresas públicas, deberían estar sujetas a un estricto control y, no obstante, es donde se han hecho más visibles los agujeros negros de la corrupción. Lo hemos visto en relación a la pasada legislatura y lo estamos viendo en ésta, con el caso Voltor, donde en esta segunda ola de detenciones, se ha incluido además de Buils y Farrús a otros dos empresarios del sector informático, con lo que, una vez más, Balears ha vuelto a ser portada de los telediarios por lo de siempre: por la corrupción.

Sin duda alguna, la clase política balear tardará mucho en lavar su imagen, máxime si se empiezan a deshilvanar los hilos de conducción entre el poder público y algunos medios de comunicación. Tras las anteriores detenciones de la operación Voltor, Francesc Buils afirmó que él podía ser el siguiente, resulta evidente que no se equivocó.