España, ¿rémora de la Unión Europea?

ANTONIO PAPELL El Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997 sobre el que se fundamenta la Unión Económica y Monetaria (UEM), es decir, la Europa del euro, no fue una convención arbitraria: representaba la decisión de otorgar solvencia y solidez a la moneda única. No es, pues, extraño que en momentos de crisis como el actual los miembros de la UEM se miren con desconfianza unos a otros porque, en el marco de la eurozona, la solidez de la divisa se ve afectada por la evolución de sus respectivas economías. En concreto, España genera suspicacias porque nuestro país, que ha padecido una recesión algo menos intensa que los países grandes de la UE durante 2009, tardará algo más en salir del pozo –para 2010, las últimas previsiones del FMI anuncian para nuestro país un crecimiento del PIB negativo del -0,7%, en tanto la UE crecerá ya al 1% en promedio, y la economía mundial un 3,9%– y acumulará un importante déficit público, superior al 10% del PIB y por supuesto mucho mayor que el 3% autorizado por el Pacto de Estabilidad.
No es, sin embargo, este cuadro macroeconómico el que más alarma a los analistas más críticos que atraen estos días en Davos la atención de los medios. Así por ejemplo, el famoso Nouriel Roubini, ex asesor de la Casa Blanca, conocido por haber previsto esta crisis económica, ha mostrado preocupación por la situación de la que ha llamado "periferia de la eurozona" –Grecia, Italia, Portugal y España–. "Estos países –señala Roubini– tienen un problema no sólo de sostenibilidad de su deuda pública sino también un problema de competitividad […] Aunque resolvieran su problema de endeudamiento, quedaría el de la competitividad, y sin ella, la eurozona está perdiendo mercado frente a China y los países emergentes, porque los salarios crecen más que la productividad". Otros analistas han manejado semejantes ideas, aunque con menos melodramatismo: ni el euro peligra, ni los desequilibrios son irresolubles, pero también detectan un problema de competitividad.
En nuestro caso concreto, el gran déficit generado sobre todo a causa de los incentivos fiscales contra la recesión se superpone a un paro del orden del 20% y –en efecto– a un preocupante desajuste salarial: en plena crisis, los salarios reales han subido bastante por encima de la inflación. Quiere decirse que hay que actuar en varios frentes: austeridad hasta el límite de las posibilidades para reducir el déficit público y pacto social que incluya drástica moderación salarial como un elemento más de las reformas estructurales tendentes a conquistar competitividad y a avanzar hacia un nuevo modelo de crecimiento.

Hoy, viernes, el Gobierno adoptará medidas relevantes en relación al primero de los asuntos: se anunciará un recorte sin precedentes del gasto público –50.000 millones hasta 2013– para facilitar el retorno a la estabilidad, así como un conjunto de propuestas para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Faltará, pues, que la negociación social permita avanzar hacia una reforma socioeconómica que nos permita quemar etapas en el terreno de la competitividad, y que, basada en el énfasis formativo, probablemente habrá de incluir una reforma laboral, tan racional como sensible a los intereses en juego.