GUSTAVO CATALÁN
Leí hace un tiempo la novela El acontecimiento, de Annie Ernaux: una autobiografía que incluye el drama del aborto. Me parece aconsejable para estos días en que la ley ha finalizado su tramitación en el Congreso, aunque tengo por seguro que las opiniones sobre el tema están ya consolidadas en uno u otro sentido, así que me limitaré a constatar algunas evidencias para quien las haya olvidado.
Dialogar con el dogmatismo es, como revelan las hemerotecas, empresa inútil. Recuerden que la contestación de los sectores inmovilistas fue un calco de la actual cuando se legisló sobre el divorcio (Fraga votó en contra en 1981), o que la normalización de la condición homosexual, desde la Ley de Vagos y Maleantes que era de aplicación durante el franquismo, estuvo plagada de salidas de tono (en el Senado llegó a tildarse de enfermedad, resultado del alcoholismo en los progenitores), y su regulación –"Un insulto a la familia tradicional"– provocó la consabida manifestación por los de siempre: el PP votó contra la ley en 1985 y la recurrió en el tribunal Constitucional. Antes, en 1978, la dispensación de anticonceptivos provocó airadas protestas (las mismas que hace poco la "píldora del día después") y, en 1983, AP votó contra la ley de despenalización para los tres supuestos de aborto que fue aprobada en 1985, aunque con posterioridad, y ya en el Gobierno, no dijese esta boca es mía.
El caso es que, basados en los hechos, ninguna de sus negras predicciones se sostiene y la sociedad, ésa que en su criterio se opone de forma unánime a los cambios (por cierto: unanimidad que no se apreció en las urnas para otorgarles el poder, y que en la manifestación de 17 de octubre concitó adhesiones de un rango tan amplio como millón y medio según los organizadores o poco más de 63.000 en cálculo de una empresa independiente), jamás ha reivindicado a posteriori la vuelta a los escleróticos postulados que la historia se ha ido pasando por el arco del triunfo. Los anticonceptivos han disminuido el número de embarazos no deseados y, en consecuencia, los abortos, el 88% de los cuales se efectúan antes de las doce semanas. Aquí se divorcian tirios y troyanos –elijan ellos a qué facción se adscriben–; la homosexualidad no ha herido de muerte a las familias y las jóvenes no parece que estén por tomarse una píldora post-coital cada semana, como auguraban los consabidos. Por lo demás, y con la vigente Ley del Aborto, se ha dejado de viajar a Londres como solución para quien pudiese costearse el vuelo, con o sin consentimiento de los padres porque no se iba a enterar ni el tato.
Cabe preguntarse, más allá de un credo impermeable a los argumentos terrenales, cuáles son las reticencias que podrían debatirse en lo que hace al proyecto sobre la interrupción del embarazo; interrupción que no es para ninguna mujer "como tomarse un caramelo" (presidente de la Organización Médica Colegial, 18 de mayo). La ley, avalada por el Consejo de Estado, no parece "un retroceso en el camino de la civilización" según afirmó Aznar, y sí quiere transformar el delito en derecho, por más que la Conferencia Episcopal apueste por lo primero (11 de septiembre) y se escandalice ése político convertido en esperpento. ¿Será por el jaque a su moral? Pero resulta que, en este asunto, la legislación no obliga, la moral de cada cual no se violenta y, por concretar, el límite de dieciséis años es la edad que la Ley de Autonomía del Paciente, aprobada en 2002 durante el gobierno de PP, reconoce para la toma de decisiones sanitarias, desde una amputación a la redacción del testamento vital.
Bajo esa óptica, bien está que los padres tengan la oportunidad de asesorar en la coyuntura aunque, en el supuesto de divergencia, es la mujer quien deberá dirimir sobre un futuro que sólo a ella, en último extremo, incumbe. Y si la interesada presumiera desacuerdo, ¿en qué podría beneficiarla la constatación del mismo? Para garantizar en lo posible la decisión responsable, se contempla la obligatoriedad de una información objetiva que preceda al aborto y, por lo demás, no creo que el límite de la edad fetal en 14 ó 12 semanas sea sustancial en una discrepancia que ha llegado a plantear la consideración de "persona" para los embriones. ¡Como si alguien tuviese una respuesta inequívoca al respecto! Y es que, en puridad, la confrontación no toma, por una de las partes, la objetividad como referente.
Llegados a este punto y a mi juicio, el derecho de la mujer a una vida sexual en libertad debiera incluir la despenalización total del aborto voluntario, incluyéndose como prestación gratuita por parte de la sanidad pública una vez fijados los límites de edad fetal y la obligada educación sanitaria. El aborto como derecho mal que les pese a Aznar, clérigos varios, Rajoy o a los miembros conservadores del Consejo Fiscal. Al igual que ocurrirá a no tardar con el derecho a la eutanasia cuando solicitada y con los oportunos requisitos de salvaguarda. Y esto llegará porque es de justicia. De la de aquí y, con la del más allá, allá cada cual. Que eso es asunto privado y no de ley.
