MATÍAS VALLÉS
El pasado martes, tanto El País como El Mundo se concentraban desde sus portadas en la pomposa toma de posesión del Consell de Garanties Estatutaries, un remedo del Tribunal Constitucional cuya creación contempla el vigente Estatut catalán. Ese mismo día, La Vanguardia consagraba la imagen central de su primera página a otra institución irremediablemente catalana, Samuel Etoo. Se volvía así a demostrar que cualquier referéndum sobre el Estatut hubiera gozado de mayor participación extramuros de Cataluña, frente al escaso entusiasmo estatutario en la geografía abarcada por la norma. Liquidado el trámite del Inter milanés, la atención de la opinión volvió a centrarse con renovados bríos en la larga siesta del Tribunal Constitucional, a partir de un editorial conjunto de la prensa escrita de aquella nacionalidad –¿cuál es la diferencia exacta con nación?–. Cuando menos, el texto devuelve la fe en el poder declinante de la palabra.
No hay sentencia del Constitucional sobre el Estatut. La frase anterior no es una información redundante, sino una opinión arriesgada, porque se ha instalado la verdad virtual de que existe un veredicto sobre el recurso masivo interpuesto principalmente por el PP. Se ha movilizado "La dignidad de Cataluña" –por retomar el título del editorial a doce– en torno a una entelequia, el fallo inexistente de la auténtica corte suprema. En la era de internet, hechos, impresiones o sensaciones poseen una validez intercambiable, la polémica precede al acontecimiento. Sin embargo, la rebelión de los periódicos catalanes es legítima y quizás tardía. Después de tres años baldíos, los magistrados del tribunal se hallan en la línea de salida, enredados todavía con el término "nación". No han avanzado más que las interminables tertulias de bar que se inflaman a diario en cuanto surge el toponímico "los catalanes". Si tan doctos juristas no han encontrado solución en ese plazo, es porque no la hay. Por tanto, nada hace inadmisible la viabilidad de la ley.
El Estatut ha anulado al Constitucional. Una carta parcial ha derrotado al poderoso aparato estatal, en una reedición del mito del Alcorcón. Cabe hablar de los magistrados supervivientes, porque la mitad de ellos han caducado a más velocidad incluso que el prestigio del tribunal. Se ha registrado incluso un fallecimiento, lo cual invita a una solución al estilo de Gabriel García Márquez, donde el "hecho biológico inevitable" resuelva la parálisis con una extinción de la cámara a lo largo del próximo medio siglo, sin un pronunciamiento sobre el estatuto cuestionado. De momento, el Constitucional puede atribuirse el estímulo de la participación democrática, porque la ley cuestionada sería hoy votada por un mayor contingente de catalanes.
Los rasgadores profesionales de vestiduras y el PP acusan a los editorialistas catalanes de presionar al Constitucional. En primer lugar, no hay agitación exterior capaz de conmover la solemne pereza jurídica de esa institución. En segundo lugar, lo grave sería que un texto periodístico no aspirara a presionar. Cada palabra pronunciada en democracia golpea con mayor o menor efecto, de ahí que las dictaduras adopten la medida preventiva de liquidar la libertad de expresión, para que sus poderes funcionen sin interferencias. En todo caso, se podría lamentar que el descrédito del altísimo tribunal haya tenido que esperar a su nula gestión de los recursos sobre el Estatuto, cuando existe el precedente sonrojante de los Albertos.
Dándole la vuelta al editorial único, la aprobación del Estatut por parte de un Constitucional desacreditado sería denigratoria para la dignidad de Cataluña. El tribunal carece de la ironía suficiente para enfrentar a sus críticos a una contradicción lógica. Sobre todo, le falta poder de convicción, porque la primera calidad de su pronunciamiento debió ser la iluminación y la persuasión, dos virtudes inalcanzables para sus miembros. La Constitución establece que el pueblo español es el sujeto de la soberanía nacional. De ella emanan los poderes del Estado, incluido el Constitucional. De ahí que, una vez que los ciudadanos han ratificado peresonalmente una norma en referéndum, y por elevada que fuera la abstención, no hay nada que añadir.
