ANTONIO PAPELL
La nueva ley llamada de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo ha comenzado con buen pie su trámite parlamentario, con el apoyo de prácticamente toda la Cámara Baja salvo el PP, que ya se opuso a la primera despenalización del aborto, hace 25 años, aunque después no modificó una coma de aquella norma cuando pudo hacerlo.
Lo cierto es que la nueva regulación responde a una necesidad objetiva, muy fácil de entender mediante dos simples consideraciones. De un lado, el número de abortos se ha disparado hasta duplicarse en los últimos años (en 2008, se realizaron más de 115.000); y, de otro lado, la no limitación temporal del "tercer supuesto", el de la salud psíquica de la madre, ha dado lugar a un generalizado fraude de ley ya que el 97% de los abortos se han producido merced al portillo legal abierto al amparo de este criterio. En estas circunstancias, resultaba sencillamente inaplazable la reforma, que había de responder a principios más depurados de seguridad jurídica para las propias mujeres y para la clase médica y que además había que inscribir en el marco ético de una nueva política de salud reproductiva e incluso de planificación familiar.
El debate sobre la despenalización del aborto ya tuvo lugar hace un cuarto de siglo y no parece necesario reiterarlo. En cualquier caso, no está de más recordar que la liberalización no representa en modo alguno apología de dicha práctica sino, sencillamente, reconocimiento de la capacidad de autodeterminación de las mujeres dentro de ciertos límites sin que puedan ser sancionadas penalmente por ello. En definitiva, como ha dicho José Bono, presidente de las Cortes y reconocido creyente, el aborto no es ni un derecho ni una obligación sino, como mínimo, una grave contrariedad, que muy frecuentemente tiene connotaciones trágicas en la mujer que toma, en la soledad de su conciencia, la decisión de renunciar a la maternidad.
Si realmente se considera que el recurso al aborto es siempre el fracaso personal de una mujer, lo razonable es llevar a cabo desde el sistema sanitario y desde el educativo una labor permanente de información sexual y de aleccionamiento sobre métodos de contracepción. El establecimiento de unas reglas de juego claras, en forma de una ley de plazos que permita la interrupción tasada del embarazo en sus fases primerizas, unido a una pedagogía adecuada, servirá sin duda para reorientar una cuestión que en todas partes interfiere con determinados tabúes culturales, y que en nuestro país se relaciona también con atavismos religiosos de viejo cuño.
No se ha resuelto aún –porque se debatirá durante el trámite parlamentario– la cuestión vidriosa de la comunicación o no a los padres de la decisión de abortar de las menores de edad. Ojalá la discusión arroje luz sobre este asunto, en el que también hay que eliminar todo rastro de hipocresía. Conviene tener en cuenta que en el ámbito estos embarazos tempranos no faltan los incestuosos ocurridos en la sórdida oscuridad de algunas familias. Carece, pues, de sentido que se reduzca el caso a un simple problema de confianza paterno-filial.
