JORGE TERA (*)
Estupefactos habrían quedado los profesionales de la sanidad en junio de 2007, si alguien les hubiera explicado la situación que se iba a vivir hoy, dos años y medio después, en el Servei de Salut de les Illes Balears.
Resulta complejo explicar, en pocas líneas, el alarmante deterioro que en tan breve lapso ha sufrido un servicio público de tanta relevancia. Pero la realidad es que hemos asistido a la aparición de un impresionante abismo entre las actuaciones del Govern en materia sanitaria, y el discurso que tantas veces hemos escuchado cuando nuestros actuales gestores aún no ejercían responsabilidad de gobierno. Hemos pasado de escuchar durísimas críticas a la creación de nuevas infraestructuras sanitarias, a observar como éstas se convierten en protagonista único de los logros de la actual administración sanitaria. De erigirse en defensores a ultranza de la sanidad pública y verdugos de la privada, a fotografiarse a menudo con alguno de los portentos tecnológicos que adquieren ciertas clínicas cuyo negocio va viento en popa gracias al aumento de los conciertos con Ib-Salut. De ser abanderados del incremento del volumen de profesionales sanitarios, a liquidar sin sonrojo servicios íntegros y a cerrar plantas en los hospitales públicos. De presumir de talante, de diálogo, de consenso, a vulnerar sistemáticamente los derechos de los profesionales o incumplir sus propios acuerdos o compromisos.
Entre noviembre de 2007 y marzo de 2008 tuvieron lugar una convocatoria de huelga de médicos y enfermería en el servicio de emergencias del 061, y una huelga efectiva de médicos en hospitales y centros de Atención Primaria. En abril de 2008 se cierra el área quirúrgica del Hospital General; 5.000 intervenciones anuales se derivan hacia otros centros públicos ya saturados, o bien hacia la sanidad privada. En julio se defenestra sin previo aviso la Unidad de Hospitalización a Domicilio de Son Llàtzer, un modelo de asistencia de calidad contrastada y elevada satisfacción del usuario, en plena expansión en todo el estado. En noviembre de 2008 conocemos el incremento del 10% en las listas de espera quirúrgicas, y se publica también que Son Dureta, el hospital de referencia materno infantil de Balears, ha estado un turno completo sin matronas en el paritorio y tiene un tercio de la plantilla de estas profesionales sin cubrir…
En lo que respecta a 2009, en enero el caos se adueña de las urgencias del Hospital de Inca, hasta que los medios de comunicación se hacen eco y la situación se solventa temporalmente enviando a los pacientes a clínicas privadas. Este mismo hospital reduce un tercio su actividad en hemodiálisis, incrementando el concierto con una empresa externa. En marzo se tramita con urgencia el decreto de catalán en sanidad; más de 2.000 sanitarios se manifiestan en contra de una legislación que repercutirá gravemente sobre el flujo de profesionales del que se nutre nuestra sanidad. En Eivissa, la conflictividad es descomunal y sigue in crescendo, con las peores coberturas de personal sanitario del Ib-Salut y una masificación crónica. Son Dureta cierra plantas o servicios durante el verano, por primera vez en su historia reciente. El grave deterioro de la atención pediátrica urgente es un hecho; han desaparecido los pediatras de las urgencias extrahospitalarias (PACS), lo que inevitablemente conllevará una saturación de las urgencias pediátricas hospitalarias en cuanto la noticia sea vox populi; a su vez, el hospital de Inca ha determinado que la edad de atención pediátrica urgente será de 0 a 3 años (recomendado y habitual de 0 a 14 años) y que los niños de Inca no necesitan atención de enfermería en urgencias.
El fin de año está siendo apoteósico. El incumplimiento de los acuerdos firmados, sobre todo en lo que se refiere a carrera profesional, es una cortina de humo, tras la que se esconden problemas mucho más graves. Por ejemplo, un recorte presupuestario de 100 millones de euros (¡17.000 millones de pesetas!) de gasto en sanidad. Ya que para incumplir los famosos acuerdos bastaría con "congelar" los presupuestos de 2009, ¿a que esperan Govern y conseller de Salut para explicar a la opinión pública de donde se recortan 100 millones? O por qué, en un contexto de crisis global, Balears recorta un 7% en gasto sanitario mientras el resto de autonomías crecen entre un 1 y un 4%. ¿Qué otros servicios o prestaciones sanitarias piensan liquidar a lo largo de 2010? ¿Cuántos profesionales sanitarios menos se van a ofrecer a la población, cuantas ausencias o vacaciones sin sustituir, cuantas restricciones añadidas conllevará este recorte?
Señores del Pacte: dos años y medio de mandato, dos años y medio de caída libre de la sanidad pública. ¡Cuanta decepción y cuantas expectativas incumplidas! Recapaciten sobre su gestión: el ataque frontal a los servicios públicos que configuran los pilares del estado de bienestar nunca queda impune, y ustedes han de rendir cuentas en 2011.
(*) Secretario general de SATSE,
sindicato de Enfermería de Balears
